Walking the Rainbow Nation (SUDÁFRICA) – Juan Ángel Soto

Walking the Rainbow Nation (SUDÁFRICA)

Problemas del Estado ‘creador’ de ‘igualdad’

Segunda Parte

 

31 de octubre de 2016

Por Juan Ángel Soto

Para Instituto Acton (Argentina)

 

Sobre el desempleo… y sobre cómo no se soluciona

Hace un año, en mi tercer viaje a la Nación Arcoíris, asistí en Johannesburgo a la presentación del libro How South Africa Works en la Biblioteca de la Fundación Brenthurst. El autor, Greg Mills, (abanderado de la Fundación Brenthurst y una de las personas más influyentes del país) mencionó en repetidas ocasiones que Sudáfrica ha cambiado de ser un país de razas (negros y blancos) a ser un país de clases (pobres y ricos), y esto conduce al motivo principal de las tensiones y los conflictos actuales en el país… la desigualdad. Ésa es para todos la línea de falla en Sudáfrica.

El desempleo es el problema macroeconómico más importante al que se enfrenta Sudáfrica en la actualidad. Se trata de un indicador que, si bien se ha mantenido alto en los últimos veinte años, lo que al principio podía ser una consecuencia lógica de un difícil comienzo democrático, ahora se ha convertido en algo realmente preocupante.

El desempleo conduce a su vez a problemas de diversa índole, como por ejemplo comportamientos de carácter xenófobo (sobre los que escribiré en mi próximo artículo), como es el caso de ciertas actitudes con respecto a otros africanos que llegan a Sudáfrica en busca de trabajo. Así pues, el país ha de lidiar con numerosos desafíos económicos, sociales y políticos en su nueva democracia, y clave para todo ello es tratar de solucionar el creciente y masivo desempleo. Este problema es especialmente grave entre los jóvenes, los cuales carecen a menudo de la experiencia, habilidades y conocimientos necesarios para acceder a puestos de trabajo en el sector formal. También es representativa la desigualdad entre las tasas de desempleo de los diferentes grupos de población, puesto que se observa un 25,5% de tasa de desempleo general pero un claro contraste entre el 28,8% de tasa de paro entre los Black Africans o un 22,8% de Coloureds y los 12,5% o 5,9% de tasa de desempleo entre los Indians y Whites respectivamente.

Pues bien, precisamente debido a la incapacidad del sector formal existente para absorber la creciente población activa, el Gobierno ha tomado la iniciativa a través de numerosas políticas que afectan al tejido empresarial o bien inciden directamente en el mercado laboral del país.

El conjunto de medidas más importantes han sido las políticas de Empoderamiento Económico Negro, las cuales inducen a las empresas a incluir un mayor número de empleados pertenecientes a grupos poblacionales históricamente desfavorecidos (especialmente a trabajadores de raza negra, pero también a otros grupos como personas con discapacidad y mujeres).

Las políticas de Empoderamiento Económico Negro han sido una prioridad para el Gobierno sudafricano desde hace ya muchos años (la primera legislación al respecto data de 2003). El mercado laboral sudafricano ha sufrido grandes transformaciones desde el fin del Apartheid y los primeros pasos del Gobierno de la nueva democracia buscaron remediar injusticias del pasado, creando y alimentando un estado del bienestar y mejorando la competitividad de la economía nacional. Y es en este marco de ‘reparación’ en el que encontramos tales políticas. Políticas que, de acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico Sudafricano, buscan asegurar que la economía sea transformada y estructurada de cara a hacer realidad la participación efectiva de la mayoría de sus ciudadanos, objetivo intachable, sin duda alguna, o al menos simple vista.

Un juego de suma cero

Lo cierto es que tras estas políticas tan aclamadas por algunos subyace un paternalismo oscuro, además de una concepción equivocada de qué es un derecho. Y es que no es un endemismo sudafricano la filosofía que proclama que los derechos no son inherentes a los individuos, sino que son otorgados a un grupo o colectivo.

Un pensador que refleja esta idea liberal de derechos es Saloshi Kanazawa, quien define el liberalismo de la siguiente forma en un artículo titulado Why Liberals and Atheists are More Intelligent:

“El liberalismo es la verdadera preocupación por el bienestar de quienes no están genéticamente relacionados y la voluntad de contribuir grandes proporciones de recursos privados para el bienestar de otros”.

Pero en esta visión radica una filosofía infecta que es fruto de un problema básico: la confusión entre un derecho y el ‘sentirse con derecho a’. Y es que Kanazawa no se refiere aquí a la caridad privada entre particulares que busque aliviar situaciones de desigualdad. En su opinión, un gobierno liberal otorga a sus ciudadanos ‘el derecho’ a un cierto y específico nivel de bienestar, tanto si quieren como si no, y en la forma que el Estado prescriba. Pero ello lleva a un choque frontal entre la gente que ‘se siente con derecho a’ ciertas cosas, y otras personas que ya no son libres para usar sus recursos de la forma que crean conveniente.

El citado choque entre la libertad y el ‘sentirse con derecho a’ es siempre un juego de suma cero, dado que funcionan el uno contra el otro. Y es que ese mal calificado ‘derecho’ de una persona priva a otra de su libertad, de forma que si el gobierno faculta a un determinado grupo de personas a trabajar a través de las políticas de Empoderamiento Económico Negro, a su vez está obligando a los empresarios a contratar a estas personas para poder operar en el mercado.

Comentaba en el artículo anterior acerca de la necesidad de una sociedad más igualitaria y pacífica, y de cómo el ejercicio del perdón jugaba un papel fundamental en esta búsqueda. Pues bien, esta es una clara manifestación de todo lo contrario. Esta ‘segregación inversa’ no busca la igualdad sino la compensación, y consciente de la poca efectividad de estas políticas, continúa el atropello de derechos y libertades legítimos de empresarios animado por la recompensa en forma de votos (algo evidente en un país con un 92% de población de raza negra o coloured).

Las políticas de Empoderamiento Económico Negro no son fruto de la “ceguera ante el color” que fue prometida en Sudáfrica tras el derrocamiento del Apartheid. Todo lo contrario, estas políticas comprometen los dos derechos humanos más importantes: la libertad y la igualdad. Y es que no juzgan el mérito propio, sino que lo hacen sobre la base de un único indicador; la raza.

La pervivencia de estas políticas aleja la tan ansiada reconciliación en el país Arcoíris. La Sudáfrica con la que soñó Mandela y bajo cuyo mandato presidencial comenzó a dibujarse se ha visto difuminada en la última década bajo los gobiernos de los Presidentes Mbeki y Zuma. En palabras de Tony Leon, quien lideró a Alianza Democrática (partido de la oposición) hasta 2007:

“Muchos sudafricanos, yo entre ellos, sienten nostalgia de los días en que Nelson Mandela era Presidente. Él nos ofreció una visión de la reconciliación racial en la cual le dábamos la espalda al estrecho nacionalismo, blanco o negro, que había tratado de imponer los intereses de un grupo sobre los demás. La visión de la reconciliación racial propuesta por Mandela se ha perdido (…)”.

Para él, la primera y más importante diferencia entre su partido y el partido gobernante (Congreso Nacional Africano o CNA) era simple: “para Alianza Democrática el individuo es la unidad básica de la sociedad, mientras que para el CNA lo es el grupo racial”.

Siguiendo en clave partidista, resulta interesante comentar la visión a este respecto que sostiene el Partido Democrático Cristiano Africano. Éste concibe también los derechos de una forma inequívocamente opuesta al ‘otorgamiento’ de los mismos por parte del Estado, que es la que mantiene y practica el CNA. Por el contrario, el Partido Democrático Cristiano Africano se muestra capaz de distinguir entre ‘tener un derecho’ y ‘sentirse con derecho a’, así como el problema que genera un Estado cuya constitución dispone una serie de ‘verdaderos derechos’ junto con ‘falsos derechos’, creando un totum revolutum donde no todos son capaces de detectar qué es legítimo y qué no lo es. Tal y como señalaba en 2003 el parlamentario de este partido, Steve Swart:

“La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa ubicaba los derechos en el brazo fuerte del Estado. Los derechos eran otorgados por el Estado, y podían ser retirados fácilmente. La sangrienta Revolución Francesa fue el resultado. En contraste, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 declara que “todos los hombres son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables (…)”.

Resulta innegable que esta concepción de los derechos no solo protege al individuo de las arbitrariedades ideológicas de quien ocupe los poderes del Estado, sino que es la única visión verdaderamente alineada con la dignidad humana.

La educación: Un mecanismo mejor… y compatible con la libertad

El afán por lograr una sociedad más igualitaria, objetivo loable como pocos, no debe traducirse en una manipulación tan costosa y de consecuencias negativas o, como poco, inciertas, en la entrada al mercado laboral. Tampoco debe hacerse caso omiso a la discriminación inversa de este tipo de políticas bajo el pretexto de una economía más inclusiva. Y es que no solo son estos motivos ya suficientes para presentar una enmienda a la totalidad de semejantes medidas, sino que además, y más importantemente aún, es que estas políticas atentan directamente contra la libertad humana.

En lugar de optar por la artificialidad de las políticas paternalistas en el mercado laboral y el sector empresarial, sería más recomendable abordar ese deseo de crecimiento inclusivo en una etapa anterior: la educativa. Con un sistema educativo igualitario, inexistente en la actualidad, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral vendría de la mano de una igualdad en cuanto a habilidades y competencias. Para ello, el Gobierno debe llevar a cabo mejoras radicales en todo el sistema educativo, a partir de la educación primaria, de forma que se proporcione una base sólida para el desarrollo de mejores habilidades técnicas para todos.

Ahora bien, no debe entenderse esto en el sentido de que la educación no es sino un derecho que garantiza la libertad. En efecto, y tal y como señalé en el primer artículo de esta serie sobre Sudáfrica, la educación se presenta como condición sine qua non para lograr una sociedad libre y democrática. No obstante, creo conveniente apuntar aquí que, en el caso de la educación, la demanda no es hacia el Estado, sino hacia los padres. El Estado no tiene la obligación de proporcionar una educación y un pueblo libre tiene todas las razones para decirle al gobierno que se mantenga alejado de este ámbito.

Dicho esto, y respetando a quienes deseen que el Estado quede al margen de la educación, si éste ‘elige’ proveer de una educación pública a aquellos que ‘deseen’ acceder a la misma, el Estado debería redoblar sus esfuerzos en este campo, en lugar de hacer malabarismos con trabajadores y empresarios. Así, la preocupación por la educación debería venir primero y sólo después, una vez se ha alcanzado un cierto nivel de homogeneidad en términos de educación, habilidades, cualificaciones, etc. se podrán hacer mejoras en el mercado laboral, pero no antes. Solo así será capaz Sudáfrica de liberar la totalidad del potencial económico del país, respetando a su vez la libertad y los derechos de empresarios y trabajadores.

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