Intervención del Dr. Fernando Iudica en el Senado en referencia al proyecto de ley de aborto

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY DE ABORTO

Intervención del Dr. Fernando Iudica,

Director Médico del Hospital Universitario Austral, 11.7.2018

 

Señores Senadores:

Buenas tardes. Agradezco su invitación a aportar mi opinión sobre un proyecto de ley que podría marcar el futuro de nuestro querido país. Lo hago como cirujano con más de 30 años de experiencia, y como Director Médico del Hospital Universitario Austral, un centro de salud con 700 mil historias clínicas, más de 30 mil nacimientos, y donde realizamos 800 mil atenciones ambulatorias al año.

El aborto no es la solución a los graves problemas para la mujer que plantean los embarazos no deseados. El aborto es la eliminación de un ser humano.

Este proyecto de ley nació diciendo que nadie quiere el aborto. Y, sin embargo, el objeto específico de la ley es garantizar un supuesto derecho a realizar u obtener abortos (ver art. 5), obligando a ello a los médicos, a los directivos y a los propios hospitales. Se coacciona con sanciones penales y administrativas para realizar en tiempo récord los abortos, prohibiendo plantear alternativas.

Veamos.

En primer lugar: el proyecto impone como “primera obligación” de todo profesional de la salud requerido para un aborto, que garantice su práctica, sin que pueda negarse a realizarlo. Así comienza el art. 15, paradójicamente dedicado a la objeción de conciencia.

El proyecto coacciona a los médicos para que expliquen el aborto y lo realicen, renunciando a los principios básicos de la Medicina, que son los del Juramento Hipocrático y el arte de curar, no de matar. El art. 14, a su vez, obliga a que el mismo día en que se requiera el aborto el profesional debe informar a la madre los distintos métodos para abortar. Se violenta así no sólo los deberes médicos para con la vida, sino también la libertad de expresión y de ejercicio médico.

En segundo lugar: el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales se prevé de manera muy restrictiva. Debe objetar previamente, hacerlo por escrito y comunicarlo a la máxima autoridad del establecimiento (ver art. 15). Pero actuar en conciencia es un derecho, y se puede ejercer en cualquier momento, sin estar sujeto a trámites y a burocracia.

En tercer lugar, se prevé un registro de objetores, tanto en el hospital donde se trabaja, como en el Ministerio de Salud de cada jurisdicción (ver art. 17). El derecho humano a la libertad de conciencia queda relegado a integrar una “lista negra” de objetores, que seguramente va a condicionar el trabajo de esos profesionales en cada hospital y jurisdicción.

En cuarto lugar, una ley que obliga a proveer al aborto a todo profesional requerido, en un contexto de aborto farmacológico, involucra a un sinnúmero de especialidades médicas y a otros profesionales de la salud, y no sólo a obstetras y ginecólogos: pediatras, clínicos, médicos de guardia, endocrinólogos, y un largo etcétera. Ante un requerimiento inesperado, todos ellos estarían en riesgo de procesamiento penal por no haber hecho una objeción previa escrita.

En quinto término, solo se admite la objeción para el que interviene “directamente” en la práctica del aborto (ver art. 15). Pero existe todo un equipo que interviene, donde muchos participan de modo indirecto. Todos ellos merecen el derecho a objetar. Hacer un aborto, o colaborar de alguna manera con el mismo, para el que entiende que es eliminar a un ser humano, son acciones sinónimas. Y, como han dicho colegas médicos desde Jujuy a Tierra del Fuego, “no estamos dispuestos; no cuenten con nosotros”.

En sexto lugar, estos mismos objetores no se podrían negar a practicar un aborto en algunos casos, bajo amenaza penal. Por ejemplo, cuando la “salud” de la mujer requiera “atención médica inmediata e impostergable”. ¿Qué significa impostergable, cuando da un plazo improrrogable de 5 días? ¿Qué comprende la “salud”, entendida de manera tan amplia?

En séptimo lugar se encuentra la amenaza penal para todo lo anterior. Según el art. 2 del proyecto, habrá penas de 1 a 3 años de prisión, más inhabilitación para ejercer, para el profesional o la autoridad de un establecimiento sanitario que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto, o genere “perjuicio” a la salud de la persona gestante. ¿Qué es dilatar u obstaculizar? ¿Qué implica el mero perjuicio a la salud? El art. 14 prohíbe hacer consideraciones éticas a la paciente: ¿la libertad de consejo médico y de expresión podría ser considerada una obstrucción?

En cuanto a los hospitales, el proyecto de ley establece literalmente que “Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. Exige así a las instituciones ir en contra de los principios fundacionales. La objeción de ideario ya había sido contemplada en la ley de Salud Sexual y Reproductiva, en su art. 10. Ahora se plantea un gravísimo retroceso.

La prohibición que contiene el proyecto afecta gravemente la libertad de los establecimientos de salud, de actuar y curar de acuerdo a sus convicciones fundacionales, criterios éticos o religiosos plasmados en un ideario y en una misión institucional. ¿Cómo puede una ley, en un país democrático, prohibir el ejercicio pleno de las libertades de asociación, de trabajar, de ejercer la profesión, de pensamiento, de religión, de conciencia, y varias más? Todos estos derechos están en la Constitución y los tratados de derechos humanos.

A la fecha más de 35 hospitales y clínicas de diversos lugares del país, hemos planteado con toda claridad que reclamamos la libertad de no hacer abortos.

Este reclamo de la libertad básica de no realizar acciones que agravian seriamente los valores individuales de profesionales y los ideales de instituciones ha sido refrendado expresamente por ADECRA, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados del país, que agrupa a más de 300 establecimientos, y por ACAMI, la Cámara de Instituciones Médicas, con más de 30 instituciones adheridas.

Debo decirlo con claridad: la amenaza de clausura temporal y definitiva que contienen las normas a que remite expresamente el art. 13 del proyecto, sumada a las amenazas de cárcel para nosotros los directivos del art. 2, no se soluciona con vagas concesiones a la posibilidad de derivar a otros centros asistenciales. Un proyecto así no puede ser aprobado.

Si como consecuencia de esta ley, a la postre cierran hospitales y sanatorios, ¿cómo se atenderá a esos pacientes? ¿Cómo será la continuidad laboral de los trabajadores? ¿Es racional, necesaria y proporcionada una clausura de establecimientos por su negativa a realizar abortos, creando innumerables conflictos?

Parecería que, si uno es médico para cuidar la vida, deberá ahora pagarlo con la cárcel. Qué paradoja: muchos médicos podrían ser condenados a prisión por negarse a hacer mañana lo que sería un delito hacer hoy. Se proclama que nadie quiere el aborto, pero se crea un sistema que lo facilita y que reprime a aquellos que no están de acuerdo.

Señores senadores, la solución para el drama de la mujer está antes del aborto, nunca con el aborto. Son ustedes los que tienen en sus manos la responsabilidad de construir un Estado que cree las condiciones necesarias para el desarrollo de todos los argentinos y argentinas. Son ustedes los que deben imaginar una Argentina solidaria, inclusiva y justa. No puede haber justificación para aprobar este proyecto, que marca un modelo de país que, lejos de pensar en el cuidado de la mujer y el niño por nacer, opta por el camino fácil de la eliminación.

Ustedes representan a sus provincias, el tesoro de nuestro país. Miren el interior, escuchen a sus médicos, enfermeros, a las maestras, trabajadores sociales, y tomarán una buena decisión. No les piden el aborto, sino que les exigen que se garantice el acceso a la salud. Nada más. No hay ganadores en cuestiones de aborto. Perdemos todos. La desgracia de una sociedad no se puede legalizar solo por el hecho de que no se supo contenerla. Salud verdadera y educación verdadera es lo que se precisa, más contención social, y no una ley que fomente el aborto y que explícitamente diga que lo garantiza como un derecho.

Señores senadores, espero que rechacen esta ley, para pensar luego soluciones creativas que sí promuevan la vida, toda vida.

Muchas gracias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *