Por Eleonora Urrutia
Fuente: El Líbero
7 de septiembre de 2022

La vía constitucional utilizada por la ofensiva colectivista y comunista en Chile no tiene precedentes. Si fue posible, es porque previamente lograron una hegemonía intelectual, cultural e ideológica sobre gran parte del país.

En una votación inédita el 62% de los 13 millones de electores chilenos rechazó, el domingo pasado, la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constituyente y apoyada por el Gobierno. Chile repelió masivamente las sombras que pretendían levantar contra la unidad del Estado, y reafirmó dos siglos de construcción republicana y mestizaje integrador.

Para entender la magnitud de la derrota del Apruebo: en la votación del 25 de octubre de 2020 por la redacción de nueva carta fundamental -considerada “histórica” por su participación- votaron en total poco más de 7,5 millones de electores. El domingo pasado, solamente el Rechazo consiguió más de 7,8 millones votos, 290.756 más que todos quienes concurrieron a participar en el plebiscito de entrada.

Y es que la convocatoria era dirimente. El proyecto sometido a votación ponía en peligro la unidad histórica del Estado de Chile en base a una entelequia denominada “pueblos originarios”, y cuestionaba la república con el concepto de “democracia paritaria”, entre las perlitas más destacadas. Se entiende por qué era esencial rechazar categóricamente la constitución comunista y posmoderna que pretendía amenazar la vigencia de Chile como estado unitario y como democracia representativa, y que ponía en peligro la igualdad ante la ley, de los mayores logros desde la Revolución Francesa en adelante.

Una de las cosas más sorprendentes que deja este plebiscito es la relación de las mayorías o humores circunstanciales que arrasan con las instituciones. En las sociedades que no han alcanzado el desarrollo, generalmente, un efluvio circunstancial de parte de la población –impulsado por una minoría que, por definición, es violenta– puede acabar con un proceso institucional de siglos, puede cancelar una constitución y puede plantear “la refundación de una sociedad”. 

En efecto, el primer artículo del proyecto rechazado proponía un estado social de Chile plurinacional, es decir, basado en la unidad de las especulaciones llamadas “pueblos originarios”, a pesar que las poblaciones con influencia nativa no sobrepasan el 13% del total de habitantes. Y en su artículo 5° señalaba que Chile “reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”. Sin embargo, las comunas con mayor población indígena rechazaron masivamente el texto: en Alto Biobío, donde el 84,20% de la población es indígena, la opción Rechazo alcanzó el 70,75%; en Saavedra, donde dicha población alcanza al 79,60%, el Rechazo ganó con el 68,05%; en Cholchol, donde el 75,30% de las personas declara ser indígena, el 73,82% prefirió descartar el texto constitucional; en Tirúa, donde el 70,40% de los habitantes pertenecen a algún pueblo indígena, el Rechazo triunfó con el 77,25% de los sufragios; en Galvarino, comuna cuya población indígena alcanza el 69,20%, el Rechazo arrasó con el 74,91% de los votos; en Camiña y Colchane -que según el Censo 2018 estaban entre las comunas con mayor porcentaje de pueblos originarios- el Rechazo se impuso con 87,64% votos; y Colchane, a su vez, marcó una holgada ventaja para el Rechazo, con el 94,70% de los votos, frente al 5,30% registrados por el Apruebo.

Por otra parte, a pesar de contar con 388 artículos y 50 disposiciones transitorias -una de las constituciones más extensas de la historia- que infantilmente difundían la falsa creencia de que el estado garantizaría desde la felicidad hasta el papel confort, el proyecto fue mayoritariamente rechazado por los quintiles más pobres. Esto confirma, una vez más, que el comunismo es siempre y en todo lugar un fenómeno de los más acomodados con complejo de superioridad. En el quintil de ingreso más bajo, el Rechazo obtuvo 75.1% de los votos; en el medio bajo, 71.3%; en el medio 65.2%; en el medio alto, 64.4% y en el quintil más alto, el de los más ricos del país, el rechazo obtuvo 60.5% de los votos. La conclusión es lineal: mientras más pobre, más votos obtuvo el Rechazo.

La vía constitucional utilizada por la ofensiva colectivista y comunista en Chile no tiene precedentes. Las izquierdas chilenas llegaron al poder luego de formar un bloque político, y pretendieron implantar una constitución que consagrara un estado colectivista pero con los propios procedimientos establecidos por la Constitución “burguesa”. Ello es inédito.

Si fue posible, es porque previamente lograron una hegemonía intelectual, cultural e ideológica sobre gran parte del país. El sentido común de la sociedad chilena, desde la izquierda hasta la derecha, se impregnó de las narrativas y relatos de los refundadores de Chile. Frente a ellos la derecha no dio batalla a un sinfín de ideas, de adoctrinamientos, de medias verdades, y se dejó asociar con los procesos autoritarios, como si la región hubiese emergido del océano en los años ´70, como si las ideas de la libertad no tuviesen historia o filosofía, y como si el terrorismo comunista y su zaga de muerte y miseria no hubiesen ocurrido. Faltó filosofía, historia, pasión y, sobre todo, faltó entender las jugadas del otro.

El rechazo al proyecto de nueva constitución cambia el curso de la revolución institucional que llevan adelante las corrientes comunistas, colectivistas y de la izquierda posmoderna en Chile. Sin embargo, el triunfo democrático y republicano de ninguna manera significa que la ofensiva revolucionaria ha culminado. Los comunistas no renuncian a su estrategia de poder ni pretenden convivir con su adversario. Prueba de ello fue el reciente intento de nombrar a Nicolás Cataldo en la cartera clave para la seguridad de la Macrozona que coordina las acciones de Carabineros y la PDI. Ya lo hemos dicho: los comunistas no se agachan, solo están tomando impulso.

Por una cuestión estratégica, en el próximo tiempo se replegarán, porque la derrota fue ejemplar. Pero la ofensiva revolucionaria por el poder volverá a convertir las calles en uno de los escenarios principales de la colisión social: seguramente se multiplicarán las tomas de tierras en la Araucanía, se incrementarán las ocupaciones de fábricas y en las calles de Santiago continuarán los estallidos violentos. De una u otra manera, el desborde por la izquierda se producirá y el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio enfrentarán la disyuntiva de liderar la radicalización de masas o intentar detenerla, a riesgo de perder las bases sociales que suelen construir y cultivar. En este contexto, el gobierno de Gabriel Boric posiblemente enfrente la misma disyuntiva: qué hacer con la radicalización de los sectores de izquierda.

Cualquiera sea la alternativa que adopte, considerando el fracaso de la constituyente y la destrucción de la economía chilena –antes, uno de los milagros del mundo emergente–, la centroderecha tiene en sus manos, una vez más y dada por una mayoría abrumadora, la posibilidad de torcer el rumbo de los acontecimientos que llevaron al país donde está hoy. 

Y lo primero que debiera hacer es recordar que las constituciones modernas que fueron fundantes de nuestros estados, pretendían establecer una ruptura con un orden precedente basado, precisamente, en la desigualdad y en el privilegio. El constitucionalismo liberal fue la forma de organizar el poder político para garantizar el respeto de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos. Se basó en la idea de la constitución como norma suprema, depositaria del poder, garante de los derechos individuales, de la separación de poderes y del control de constitucionalidad de las leyes. Las cartas magnas debían quedar a salvo de mayorías políticas coyunturales, ante los peligros siempre latentes de los totalitarismos que promueven la concentración del poder, y de allí que fueran bastante rígidas en sus posibilidades de reforma. El constitucionalismo liberal buscaba la división del poder porque percibía al poder político con una implacable tendencia a expandirse, a perpetuarse y a ser arbitrario y opresivo.

Así las cosas, los políticos de la centroderecha debieran plantarse frente al gobierno para frenarlo y poner algunas condiciones necesarias para cualquier acuerdo que no resultarían objeto de discusión, como es el fin para el que existe una constitución. Y frente a la gente para difundir un planteo teórico seductor, una épica de la libertad y el orgullo de una historia científica y ética de progreso que es, precisamente, lo que el constitucionalismo liberal ha hecho posible.

*Eleonora Urrutia es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas.

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO