Julio de 2016

Por Ramiro Berraz

Hace unos días, la Cámara Federal suspendió el aumento del gas en Córdoba, y hoy la cuestión de las tarifas ya está en boca de todos. Mucho hemos escuchado sobre el hecho de que el sistema energético está colapsado en la Argentina, como así también el sistema de precios que ello encierra. Pero, ¿qué es lo que implica el aumento de las tarifas? ¿Cómo se relaciona ello con el sistema de precios? ¿Qué consecuencias trae un “tope” en el aumento de las tarifas? Para responder a todas estas preguntas es necesario remontarnos a lo que fue pasando durante algunos años en materia energética.

En 1946 se fundó la empresa Gas del Estado dedicada a la comercialización y distribución del gas natural en todo el país. Sin embargo, la empresa fue privatizada en 1992 dividiéndose en 11 sociedades. Desde ese momento y hasta el 2004 la tarifa residencial era única, y no dependía del nivel de consumo. Sin embargo, a partir del 2004 se segmentó el consumo en distintas categorías y subcategorías que conformaron el cuadro tarifario actual. Para nuestro análisis es importante mencionar que en 1992 también se creó el Ente Nacional Regulador del Gas que tiene como misión “dictar las normas a las que debe atenerse la correcta prestación del servicio”. En todo esta historia, entra el problema de las tarifas actual. El retraso de las mismas en materia energética -debido a que el componente fijo no se actualizaba desde hace 23 años, y que el componente variable no lo hacía desde hace 20- provocó que el poder ejecutivo aumentara el precio. Sin embargo, se estableció un tope retroactivo del 400% de la factura del mismo período (abril) del año anterior.

Todo este cóctel descripto debe ser analizado con cautela. Aparte de que el gobierno regula la distribución y comercialización del gas, me gustaría centrar la atención en el tema de los precios que, en última instancia, nos afecta a todos. Como sabemos, los precios dependen del valor subjetivo que los individuos tienen de los bienes y el sistema de precios se asemeja a un tablero de señales, en el cual las diferentes valoraciones de las personas y empresas conforman la oferta y la demanda que encuentran su punto de equilibrio en el precio de mercado. Esto, claro está, se produce cuando no intervienen factores exógenos al mercado. Con lo cual, es importante aclarar que en una economía de mercado o en una economía libre el precio no depende del costo de un producto, sino que depende de la valoración (subjetiva) de las personas. Es necesario admitir que el costo influye en la determinación del precio pero no lo define.

El entramado del aumento de las tarifas tiene varias aristas. La más importante es que es el gobierno quien establece, a través de decretos, y sutilmente a través del ente regulador, el precio que debe tener el gas. Estos días, indicó un tope de 400% sobre el total de la factura respecto del mes pasado. Como bien escribió el juez Ricardo Rojas: “Si el tope del 400% es al importe de la factura que pagaste en abril, el Estado te estará regalando todo el gas que consumas más allá del 400%”. Con lo cual, en última instancia, el gobierno está fijando un precio máximo del gas. Esta situación trae varias consecuencias. La mas importante de ellas es que el precio máximo, en muchos casos, va a ser menor que el precio de mercado. Esto trae aparejado un aumento de la demanda, generando un faltante artificial. Con lo cual, el hecho de que el poder político establezca el precio de un bien, trae como consecuencia mayor escasez de ese bien. Si, por el contrario, el gobierno, incluyendo los tres poderes del Estado, hubiese dejado que el precio del gas fluctúe según la oferta y la demanda, la situación hubiese sido diferente y no sería necesario pedirle a las personas que ahorren energía. Probablemente, en el largo plazo, el objetivo sea que el precio lo determine el mercado, debido a que los precios ya aumentaron y lo seguirán haciendo. Pero el hecho de que el gobierno los siga manejando es algo que es necesario que se modifique para que puedan entrar nuevos competidores al mercado y, de esa manera, los consumidores puedan tener la libertad de elegir.

Entonces, en un mercado abierto, el aumento de los precios nos indica que hay algo que está pasando que llamará la atención de los empresarios para que giren sus recursos a esa industria debido a que, probablemente, tendrán mayor rentabilidad. Sin embargo, en este caso, no existe un precio real, debido a que sigue controlado por el poder político, con lo cual el empresario no lo ve atractivo para invertir. En definitiva, la señal está siendo manipulada. Esto trae como consecuencia que el capital invertido per cápita sea muy pobre; con lo cual es de esperar que el precio siga aumentando por la escasez que genera esa situación, sumada al faltante artificial generado por el aumento de la demanda explicado anteriormente. Entonces, el problema sigue siendo que la distribución y comercialización de gas está, en última instancia, centralizada y monopolizada por el poder político y sus entes reguladores.

En este escenario, se intentó que las personas con menos recursos sean las más beneficiadas aplicando la tarifa social. Sin embargo, la tarifa social es otro de los problemas que encierra el precio máximo (que se viene sosteniendo hace mas de 20 años), no solamente por los problemas económicos que ésta encierra, ya que quita recursos de un sector para colocarlos en otro, sino también porque se continúa pensando que el poder político es el que, en ultima instancia, “será el salvador”. En definitiva, el nivel de los precios no depende de la buena o mala voluntad del gobernante de turno o de las personas, sino de las valoraciones subjetivas de los individuos en el mercado y las consecuencias que generan los intercambios. Pero debe haber un contexto legal que favorezca el surgimiento de nuevos y mejores competidores en el mercado que logren brindar un mejor servicio a la sociedad.