Octubre de 2016
Fuente: Religión en Libertad

Desde hace años, los obispos norteamericanos incluyen la libertad religiosa entre las causas por las que rezar prioritariamente, y entre los principios que exigir a un candidato antes de votarle.

La creciente influencia del laicismo y la implacable implantación de la dictadura de género, así como el compromiso de la Administración Obama con el negocio del aborto (el célebre «mandato abortista» que ha intentado acabar, por ejemplo, con la labor social de las Hermanitas de los Pobres) hacen sentir ya a todos los estadounidenses que uno de los principios sobre los que se estableció su nación puede desaparecer. Un caso que lo evidencia es el informe al que hace referencia Leone Grotti en un reciente reportaje en Tempi:

La «libertad religiosa» seguirá siendo un concepto «hipócrita» mientras siga siendo «un sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana y cualquier otra forma de intolerancia». Encontrar frases de este tipo en un informe oficial de la US Commission on Civil Rights [Comisión Estadounidense de Derechos Civiles] es, sin duda alguna, noticia.

Un informe sobre derechos civiles… ¡contra la libertad religiosa!

El glorioso instituto fundado en 1957 y dirigido por Martin Castro, nombrado personalmente por el presidente Barack Obama, ha publicado el 7 de septiembre un nuevo informe de 296 páginas con el título Coexistencia pacífica: reconciliar los principios de la no discriminación con las libertades civiles. Por esta frase se entiende muy bien cómo piensa llevar a cabo la Comisión esta obra de reconciliación: basta quitarles a las «personas religiosas» (léase cristianos) el derecho de disentir con palabras, obras u omisión de las leyes que imponen los derechos civiles.

Según Castro, «en el pasado, en nuestro país la religión fue utilizada para justificar la esclavitud. Ahora vemos que el argumento de la «libertad religiosa» está volviendo de nuevo a nuestro discurso político y constitucional con el propósito de minar los derechos de muchos americanos. Esta generación de americanos debe ponerse en pie y hacer oír su voz para asegurarse de que la religión ya no se utilice para negar a los otros la plena promesa de América».

Las conclusiones extremistas y laicistas de Castro están apoyadas por la totalidad de la Comisión, formada por ocho miembros, con excepción de dos comisarios, uno de ellos Gail Heriot, docente de Derecho en la Universidad de San Diego.

«La mayoría de la comisión», ha declarado, «ha cogido un tema complejo y ha intentado simplificarlo. Simplificarlo demasiado. No son demasiadas las cuestiones legales y constitucionales que se pueden resumir con el lenguaje «buenos contra malos»».

La Comisión ha ahondado en la historia de las religiones y en el modo como éstas deberían ser transmitidas a los fieles. Por un lado, «a lo largo de los siglos, doctrinas religiosas aceptadas en un determinado momento fueron consideradas, posteriormente, como discriminatorias; las religiones, en consecuencia, cambiaron»; por el otro, «una doctrina que distingue entre creencias (que deben ser protegidas) y conducta (que debería ser siempre conforme a la ley) es más justa y fácil de aplicar».

Por consiguiente los fieles, según la Comisión, deberían convertirse en esquizofrénicos y dividirse: por una parte estaría aquello en lo que creen, por la otra lo que hacen. Por ejemplo, «un derecho fundamental importante como la libertad de casarse no debería estar sometido a un credo religioso». La Iglesia católica no debería entrometerse.

Ésa es la línea de Hillary Clinton

La Comisión de derechos civiles depende del gobierno federal y, de hecho, refleja en todo y para todo el pensamiento de Obama, como demuestra el caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo, de las religiosas que se negaron a pagar abortos o anticonceptivos a sus dependientes. La línea de Castro es también la de Hillary Clinton.

Como escribe William McGurn en un comentario en el Wall Street Journal, «la contribución de Castro es tan pésima que es incluso positiva. Porque confirma que el argumento progresista consiste en insultar a los americanos que tienen una idea distinta a la suya». Por este motivo, por ejemplo, Clinton declaró acerca del aborto que «los códigos culturales, los credos religiosos y los prejuicios estructurales profundamente enraizados deberán ser cambiados» [«Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales», añadió.]

El cambio quizá se imponga a golpe de sentencias del Tribunal Supremo, como pasó con el matrimonio gay. Sin embargo, queda el hecho de que la libertad religiosa sigue estando protegida por la «primera enmienda». Pero según McGurn, con Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos, pasará lo que ya sucede, «todos los que no estén de acuerdo» con la opinión mayoritaria «serán considerados no idóneos» para expresarse en «la arena pública». Clinton, de hecho, «está claramente de acuerdo con la lectura anticonstitucional y ahistórica de los derechos que hace Castro». En espera de saber quien ganará las elecciones, concluye, «es triste ver como la Comisión americana de derechos civiles borra el primer derecho civil contenido en la Carta de los derechos».

Traducción de Helena Faccia Serrano (diócesis de Alcalá de Henares).