5 de enero de 2017
Fuente: Religión en Libertad

Tras la publicación de los vídeos publicados por David Daleiden, del Center for Medical Progess, en los que se mostraba cómo Planned Parenthood vendía los órganos y tejidos de los bebés abortados e incluso programaba los abortos según los órganos del bebé que les interesaba vender, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió investigar las prácticas del gigante abortista.

Para ello creó una comisión de investigación del Comité de Energía y Comercio formada por un grupo de congresistas tanto republicanos como demócratas. Tras más de un año analizando los hechos, la documentación e investigando más profundamente acaba de publicar su informe final en el que denuncia que Planned Parenthood habría vulnerado varias leyes federales y estatales.

Tal y como recoge LifeNews, el informe denuncia también la actuación de funcionarios estatales y de agencias federales con respecto a Planned Parenthood y recomienda al Congreso retirar la financiación a la empresa abortista.

 

Investigar a los responsables de estas «prácticas horrendas»

La presidenta de la comisión de investigación, la congresista Marsha Blackburn, afirma tener la esperanza de que el contenido del informe ayude a realizar los cambios necesarios en la industria abortista, para proteger a las mujeres y a sus hijos no nacidos así como la integridad de la investigación científica.

Larry Buscshon, también congresista y miembro de este equipo, agregó que la comisión “ha llevado a cabo una exhaustiva investigación con el objetivo de proporcionar respuestas a los estadounidenses y para detener a los responsables que facilitaron estas prácticas horrendas”.

 

Actuaciones incompatibles con la ley

Mientras tanto, la congresista Diane Black, mostraba que la investigación que han realizado durante más de un año “ha dejado al descubierto la realidad espantosa de una industria del aborto que está impulsada por las ganancias sin preocuparse por las cuestiones éticas más básicas, y demasiado a menudo, sin ser compatibles con las pocas leyes que tenemos para proteger la seguridad de las mujeres y sus hijos no nacidos”.

De este modo, el informe afirma que hay evidencias de que varias compañías abortistas y de obtención de tejidos pueden haber violado leyes federales y recomienda que 15 entidades sean investigadas para ser procesadas penalmente por sus acciones.

Ofensiva también en el Senado

Si en la otra cámara tienen clara la responsabilidad de Planned Parenthood en el Senado también están actuando en consecuencia con el gran objetivo de conseguir retirar la financiación del gigante abortista.

El Senado ha dado el primer paso para ello aprobando una resolución sobre el presupuesto, un trámite previo que podría permitir eliminar la subvención pública que se concede a Planned Parenthood.