Por Juan Francisco Ramos Mejía (h).
Juan Francisco Ramos Mejía hijo tiene 40 años. Es abogado y master en economía y política.
Email: jramosmejia@lexarg.com.ar
 
I.- Introducción
La noticia acerca de la beatificación del ex obispo Angelelli vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre el uso político de los derechos humanos relacionados con la guerra civil de la década de 1970.
El objeto de este memorándum es analizar la posición actual de la jerarquía de Iglesia Católica en relación a ese tema y proponer algunos lineamientos para el accionar futuro.
 
II.- Los Derechos Humanos y la venganza
Muchos laicos han venido cuestionando el espíritu de venganza y cobardía que ha inspirado la política de derechos humanos del gobierno durante la última década y media. Los juicios contra la represión de los 70’ se han llevado adelante por una justicia parcial violando garantías constitucionales de un estado de derecho. Entre ellas, el principio de legalidad, según el cual el Estado no puede imponer penas de “lesa humanidad” -más gravosas que las que aplican para el homicidio calificado- por hechos que no preveían esas sanciones en su momento; y el instituto legal de la prescripción u olvido que se sustenta en un principio de sana convivencia cristiana de paz social, máxime cuando se trata de hechos ocurridos en medio de una guerra sucia hace cuarenta años.
Es especialmente grave la derogación del principio de inocencia. En estos casos es suficiente una prueba de indicios y no aplica el principio de que debe “demostrarse la culpabilidad más allá de una duda razonable”. A esto se agregan la prisión preventiva en cárceles comunes mientras se sustancian los juicios para hombres mayores que de ningún modo representan un peligro actual para la sociedad y la negativa encarnizada a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas mayores o enfermas que se otorga normalmente en otros casos, tal como ha denunciado la “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” de Argentina. Son presos políticos.
 
III.- Las víctimas del terrorismo subversivo
Esta situación inicua contrasta con la plena libertad e impunidad con que los ex combatientes de las organizaciones terroristas acceden a cargos públicos y se vanaglorian de sus actos y los multimillonarios derechos indemnizatorios que el Estado ha reconocido a los deudos de desaparecidos y exiliados, la mayor parte de los cuales eran ex combatientes terroristas que respondían al marxismo internacional.
Las víctimas de esas organizaciones, que fueron muchas e inocentes, no tienen derechos, ni indemnizaciones, ni ningún reconocimiento público, tal como reclama el “Centro Legal sobre el Terrorismo y sus Víctimas de Argentina” (CELTYV). No están. No existen.
 
IV.- El perdón cristiano y la amnistía
Los pueblos tienen derecho a darse la paz y perdonarse los horribles pecados de la guerra cuando concluyen sus luchas internas. La experiencia de España nos sirve como ejemplo al igual que la experiencia Argentina luego de la batalla de Caseros que terminó con la guerra civil entre unitarios y federales.
Nuestra Constitución Nacional sabiamente contempla el instituto político de la amnistía entre las facultades del Congreso Nacional, que se empleó para pacificar el país con las leyes de obediencia debida y punto final. También contempla el instituto del perdón presidencial o indulto, del que también se hizo uso perdonando a los líderes de uno y otro bando.
 
V.- La justicia tuerta es injusticia
Sin embargo, mayorías coyunturales de un gobierno cuyo eje político fue la confrontación declararon nulos esos indultos y esas leyes, algo que constitucionalmente no está permitido al Congreso sino que está reservado a los jueces en casos concretos. Y, peor aún, solamente para un bando, el bando hoy políticamente más débil.
Las víctimas de esta caza de brujas ascienden a más de dos mil familias, pero afectan a toda la población. La mentira de los “juicios de la verdad” ha servido para presionar magistrados, funcionarios, empresarios y opositores, militares y civiles. Su Santidad, Papa Francisco, ha sido también víctima de una parodia de juicio que lo quiso implicar como partícipe de crímenes de lesa humanidad.
La construcción jurídica que han inventado los terroristas de ayer es que los delitos de los funcionarios estatales son imprescriptibles e inamnistiables, pero para ellos hay olvido y perdón. Esa justicia tuerta no tiene, sin embargo, sentido común ni es entendida así en otras partes del mundo. ¿Qué pasaría en EEUU si sus tribunales dan a Al Qaeda prescripción y perdón, y para George W. Bush y Barack Obama cadena perpetua por los abusos en Guantánamo o por haber ejecutado a bin Laden sin el debido proceso?
 
VI.- La posición pública de la Iglesia
La misión de la Iglesia como portavoz de la buena nueva del mensaje evangélico, es defender la justicia, ayudar a alcanzar la paz y defender a los más débiles a través del amor cristiano.
Sin embargo, por un lado, se guarda el más absoluto silencio público por la pena de prisión, basada solamente en indicios (presumiblemente falsos), que padecen miembros de la Iglesia. Por ejemplo: a) el Coronel Emilio Nani, héroe de la defensa de la democracia ante el copamiento subversivo del Regimiento de “La Tablada” por el “Movimiento Todos por la Patria” en 1989, a quien le fue denegado el asilo en la Nunciatura de la ciudad de Buenos Aires; b) El Dr. Jaime Smart, ex miembro de la Cámara Federal que juzgó los grupos subversivos en los 70’; y c) el sacerdote y ex Capellán de la Policía, Christian von Wernich.
Por otro lado, la Iglesia homenajea al sacerdote Carlos Mugica como si fuera un prócer cuando justificó la violencia armada de los ejércitos guerrilleros como una expresión del compromiso cristiano y fue responsable de que muchos jóvenes abrazaran ese camino trágico. ¿Pediremos perdón como Iglesia por todos los jóvenes que nuestros sacerdotes alentaron a tomar las armas para construir el hombre nuevo, no de Cristo sino de Marx?
Monseñor Angelelli, ex obispo de La Rioja, es presentado como un mártir cuando las pruebas existentes indican que no murió por defender su fe, sino accidentalmente o, en todo caso, por sus cuestionables alineamientos políticos en relación a la violencia armada, la organización criminal “Montoneros” y su pertenencia al “Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo”. En Argentina no hubo persecución religiosa (salvo que se considere, muy equivocadamente, que ese alineamiento político era parte de su compromiso cristiano).
Por el silencio de los obispos católicos, daría la impresión que los que combatieron a las organizaciones guerrilleras son todos culpables a priori y que el perdón de Cristo no vino para aquellos que reprimieron la subversión con medios equivocados. Ellos son los leprosos de hoy que necesitan de la cercanía de Cristo. ¿Quién lava los pies de estos hombres que son hoy execrados por la sociedad?
 
VII.- Conclusión
Las acciones y omisiones públicas la jerarquía de la Iglesia Católica, en Roma y en Argentina, podrían dar la impresión de que se está tomando partido por una visión sesgada de la historia. No solo se favorece la venganza contra pobres ancianos, en la mayoría de los casos inocentes, sino que -lo que es mucho peor- se alimenta peligrosamente la misma visión equivocada de la realidad que convirtió a muchos “jóvenes idealistas” en criminales y asesinos que llevaron nuestro país a un baño de sangre.
Para evitar que la beatificación de Monseñor Agelelli sea malinterpretada, hoy, el bien común requiere de nuestros obispos y sacerdotes:

  1. a) que condenen firmemente la violencia como un método de acción política,
  2. b) que defiendan los derechos de los presos políticos de la venganza de los guerrilleros de ayer, y
  3. c) que acompañen públicamente a las víctimas olvidadas de los actos de terrorismo perpetrados por ejércitos clandestinos como Montoneros o el ERP.

La sociedad necesita de la autoridad moral de Su Santidad, Papa Francisco, y de todos los obispos para volver a perdonar, cerrar las heridas, terminar con la dialéctica de opresores y oprimidos, y mirar al futuro todos como hermanos en paz y unidad.