Por Karina Mariani
Fuente: Faro Argentino
Julio 2022

Toda herramienta que ponga en manos de las élites el poder de decir qué cosa es o no verdad no es más que un mecanismo de control de la disidencia. Por eso son los totalitarios los que más se aferran al instrumento.

Un hecho azaroso y paradójico puede servir para ejemplificar una paradoja aún mayor. Resulta que el Parlamento Europeo acaba de sostener que algunos combustibles fósiles son energías verdes que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y, por tanto, merecedoras de una etiqueta verde digna de recibir inversiones multimillonarias. Y con su infinito poder las tecnocracias europeas han convertido lo que hace unos días decían que contaminaba en algo que ahora no sólo no contamina sino que descontamina. Así, de un saque.

“La guerra de Ucrania no frenará la descarbonización de la economía» decía hace pocas semanas el comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Pero el gasoducto que mantenía su confortable vida en funcionamiento se cierra paulatinamente, los precios suben y el invierno persiste en regresar. Entonces LA VERDAD autorizada por el poder, esa verdad a cal y canto, la verdad del consenso científico, la verdad de los expertos y los medios ha dado un vuelco de 180 grados.

Han creado VERDAD basada en sus deseos.

Pero ¿y qué hacemos con el famoso consenso de quichicientos científicos, instituciones financieras y ONGs que desde hace décadas han instalado que la energía fósil daña al planeta? La decisión del Parlamento Europeo desató las críticas del aquelarre climático porque van a desviar las llamadas finanzas sostenibles, tongo al que están aferrados con uñas y dientes. Sin ir más lejos Greenpeace quiere llevar a la Comisión Europea a los tribunales “por adoptar una taxonomía que no cumple con los objetivos climáticos pactados en el Acuerdo de París”, y Ester Asin, mandamás política del WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza (organización líder del ecologismo lobbista con miles y miles de empleados en más de 100 países), ha dicho que “etiquetarlos como tales es un flagrante caso de greenwashing”.

La imprenta acrecentó, como reacción, mecanismos de censura tales como la hoguera, entre otros. Internet, como la imprenta, ha quitado el monopolio de la verdad de sus guardianes modernos, los medios tradicionales y masivos que llevan décadas siendo el brazo parlante de las verdades gubernamentales.

 

Bien, ¿Para qué sirve el cuento de hadas del carbón que antes era feo y luego lindo? ¿Qué nos enseña la historia de la Cenicienta energética? Que La VERDAD manejada desde el poder es sólo un juego de conveniencias del que se debe desconfiar siempre y en todo lugar. Nos enseña que no hay nada más absurdo y contradictorio que un “consenso científico” y, sobre todo, nos enseña que la manipulación de la realidad por parte de las oligarquías es más vieja que el Big Bang.

Un enorme vuelco dio el mundo en el siglo XV cuando se inventó la imprenta que quitó a las élites el monopolio de la circulación de la información. Para los disidentes tanto científicos como políticos y religiosos la imprenta fue un instrumento vital. Como contrapartida la imprenta acrecentó, como reacción, mecanismos de censura tales como la hoguera, entre otros. Internet, como la imprenta, ha quitado el monopolio de la verdad de sus guardianes modernos, los medios tradicionales y masivos que llevan décadas siendo el brazo parlante de las verdades gubernamentales.

Pero estruendosas alarmas sonaron en este siglo cuando el contubernio: poder político/poder mediático perdió la influencia de la que presumía y, a pesar de su profusa prédica, también perdió la presidencia de EEUU o vio como se iba Gran Bretaña de la Unión Europea. Este cachetazo fue duro más no letal. La política y las élites de todo el mundo empezaron a poner las culpas de sus derrotas en las “fake news” o noticias falsas, como si se tratara de la invención de la mentira. Se dio por sentado que las generaciones nacidas en los siglos XX y XXI tenían dificultades para distinguir una noticia falsa de otra verdadera.

O los nuevos humanos nacían más estúpidos o nuestros ancestros eran inmunes a la manipulación si las noticias venían en diarios de papel.

Una simultánea ola de regulación y criminalización de las “fake news” comenzó a recorrer el mundo. Los censores son malos más no bobos, así que diseñaron una potente justificación: la protección del ciudadano, que no es otra cosa que la renovada excusa de todo totalitarismo: “la tutela del bien común”. La excusa es vieja pero eficaz, de hecho el mundo viene cayendo en la trampa del bien común desde hace siglos.

Una simultánea ola de regulación y criminalización de las “fake news” comenzó a recorrer el mundo. Los censores son malos más no bobos, así que diseñaron una potente justificación: la protección del ciudadano.

 

Si las noticias son falsas deben ser refutadas, no silenciadas. Si las noticias injurian, existen los mecanismos legales que las reparan. Pero aún con las mejores intenciones, la censura de lo que se supone erróneo significa atentar contra la libertad de expresión y contra la opción de disentir. Cualquier ley que vaya contra las “fake news” no sólo presupone que el Estado está en condiciones de saber LA VERDAD mejor que los ciudadanos, sino que otorga a los gobiernos poderes macabros como determinar a su gusto quienes son los nuevos herejes. Son los líderes totalitarios los primeros luchadores contra las Fake News:

Erdogan, el presidente de Turquía presentó un proyecto de ley que busca penas de prisión de hasta tres años por la difusión de «desinformación» y «noticias falsas» en plataformas digitales para cualquiera que distribuya “información falsa” sobre la seguridad interna y externa, el orden público y el bienestar o por instigar “preocupación, miedo y pánico en la sociedad” El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras clasifica a Turquía en el puesto 149 entre 180 naciones, y dice que el 90% de los medios nacionales están bajo control del gobierno.

En Rusia en 2019, Vladimir Putin firmó la ley No.31-FZ que permite bloquear el acceso a cualquier medio en línea en caso de revelar «información no confiable» y la ley No.27-FZ que establece las multas para las personas físicas y jurídicas por la publicación de «información no confiable». En 2020, firmó las leyes No.99-FZ y No.100-FZ que establecen sanciones penales por la difusión de información no confiable sobre la vida y la salud incluidas epidemias, naturales y tecnológicas que tenían como objetivo ilegalizar cualquier duda sobre la naturaleza de COVID-19 y la razonabilidad de las medidas para combatirlo.

«Compartir una mentira te convierte en un mentiroso» decía una campaña del gobierno malayo contra las “fake news”. Malasia, uno de los peores lugares del mundo para la prensa independiente, aprobó la iniciativa «Anti fake news 2018» que establece multas y penas de hasta seis años de cárcel por crear, publicar o diseminar, tanto de medios locales como extranjeros, incluido aquello compartido en blogs y redes sociales noticias «total o parcialmente falsas» que afecten al país o a sus ciudadanos. «Esta ley tiene como objetivo proteger al público ante la proliferación de noticias falsas, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión, según lo previsto en la constitución federal». Y quién decide la taxonomía de qué es falso o no, qué afecta al ciudadano o no?…el gobierno, claro.

Cualquier ley que vaya contra las “fake news” no sólo presupone que el Estado está en condiciones de saber LA VERDAD mejor que los ciudadanos, sino que otorga a los gobiernos poderes macabros como determinar a su gusto quienes son los nuevos herejes. Son los líderes totalitarios los primeros luchadores contra las Fake News.

 

En 2005, Venezuela incluyó en su Código Penal el artículo 297-A que penaliza la difusión de información falsa. Esto se convirtió en un instrumento de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro contra la prensa independiente. Venezuela es pionera en la criminalización de las noticias falsas y castiga con hasta cinco años de prisión a las personas que “divulguen información falsa que cause pánico en cualquier medio”.

Colombia tuvo una propuesta de reforma electoral que se conoció como “una prohibición de hablar mal de los políticos” y que pretendía tipificar la “violencia política”, y en consecuencia prohibir las “noticias falsas o injuriosas (…) a través de medios de propaganda o publicidad”. En El Salvador está pendiente desde hace un par de años una propuesta que apunta a agregar al Código Penal una pena máxima de hasta cinco años de prisión para “el que anunciando desastres, accidentes, o peligros inexistentes, suscitare alarma entre las autoridades o personas particulares”.

Nicaragua es un caso emblemático: en octubre de 2020, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley contra los delitos digitales, “cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación”, que contó con el rotundo apoyo de Daniel Ortega. En Perú, en octubre de 2020, se presentó un proyecto de ley para prohibir la difusión de noticias falsas como la propaganda electoral. Propone una pena mínima de prisión de 2 años para quienes denuncien “de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social”.

Paraguay también posee un proyecto de ley de marzo de 2020 destinado a frenar la difusión de información falsa durante la pandemia de COVID-19. El texto original preveía una sanción para todo aquel que “difundiere dolosa o culposamente, por cualquier medio, información falsa que genere pánico en la población, vinculada a la alerta epidemiológica, o declaración de emergencia sanitaria, será castigado con multa”.

Una propuesta del 2018 en Uruguay proponía penalizar la desinformación electoral con cuatro años de prisión, incluyendo “palabras escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o videos, que idóneamente induzca a confusión a los electores». El proyecto no prosperó, pero los partidos políticos firmaron corporativamente un pacto contra las fake news. En Alemania se aprobó en 2017 la «Ley Facebook» para eliminar mensajes en redes que no agradaran al poder. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha solicitado normativas parlamentarias para controlar, limitar y castigar la propagación de noticias falsas en internet.

En octubre de 2020, Argentina puso en marcha el “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO)” con el objetivo de “proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que circulan por internet. Actualmente hay pertinaces llamados desde la prensa oficialista a implementar leyes que determinen un criterio de verdad desde el Estado, que apelan de nuevo a la amenaza de las “fake news”, pero para peor, en este mismo momento en el costoso y dudosamente útil congreso argentino hay proyectos como:

– Proyecto de ley sobre protección y defensa por publicaciones de contenido ilegal en plataformas de proveedores de servicios de redes sociales – fake news-, de Adolfo Rodríguez Saá

– Código nacional electoral – ley 19945 -. modificaciones, sobre control de noticias falsas «- fake news -» difundidas por medios de comunicación y redes sociales durante campañas electorales. modificación de la ley 26215, de Diego Luis Bossio

– proyecto de ley que modifica el código penal de la nación, ley 11.179 -t.o. 1984 actualizado-, respecto de creacion y difusion de noticias falsas dentro del espectro digital. de Edgardo Dario Kueider

– Proyecto de comunicación que solicita la implementación de una campaña de concientización y formación cívica para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y medios digitales, de Carmen Lucila Crexell

– Proyecto de comunicación que solicita la celebración de convenios de cooperación con los proveedores de servicios de internet para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y otros entornos digitales, durante las campañas electorales, de Carmen Lucila Crexell

Está más que probado que toda herramienta que ponga en manos de las élites el poder de decir qué cosa es o no verdad no es más que un mecanismo de control de la disidencia. Por eso son los totalitarios los que más se aferran al instrumento. Desde ya que la censura, cuando la hacen todos, es aplaudida y mansamente aceptada, ya lo aprendimos con la covidcracia. No se trata sólo de Nicaragua o Venezuela, en el corazón de las ejemplares democracias liberales se han promulgado leyes que obligan a las redes sociales a eliminar las “noticias falsas», proporcionando a los Estados la legitimidad del monopolio de la VERDAD, pisoteando las bases éticas y filosóficas conseguidas siglos atrás. Para mayor abundamiento, a esto se suman las leyes que habilitan e instan a empresas privadas a censurar lo que los Estados consideran “discurso de odio”, que es la forma de aplicar los criterios morales de la agenda woke a toda producción simbólica y cultural de orden privado que no estuviera acallada por subsidio estatal.

Ni siquiera los reyes absolutos tuvieron el poder que brinda hoy la tecnología capaz de detectar y eliminar los mensajes que no le gustan a la élites. Nunca el ataque contra la disidencia y la libertad de expresión estuvo tan asistido por mecanismos represivos tan globales, eficaces y legitimados bajo el mismo criterio: las benditas “fake news”.

 

Ni siquiera los reyes absolutos tuvieron el poder que brinda hoy la tecnología capaz de detectar y eliminar los mensajes que no le gustan a la élites. Nunca el ataque contra la disidencia y la libertad de expresión estuvo tan asistido por mecanismos represivos tan globales, eficaces y legitimados bajo el mismo criterio: las benditas “fake news”. Toda legislación que utilice este artilugio para intervenir en la circulación libre de ideas y mensajes es un camino hacia la dictadura y el pensamiento único. Sin embargo, este mundo infantilizado y frágil está convencido que necesita la tutela para todo, incluso para saber cuándo le mienten. El mundo pide a gritos que de nuevo el Rey le brinde los criterios de verdad.

-¿Si todos se tiran de un puente vos te tirás también? – nos decían nuestras abuelas para incentivar nuestro pensamiento crítico. Actualmente la humanidad ha demostrado que, si el Estado impone el consenso para saltar del puente, se arrojarán sin dudarlo hacia el abismo porque al fin y al cabo “todos lo hacen” también. Se ha impuesto la verdad por consenso, o sea que un enunciado es verdadero en tanto sea considerado como tal por una comunidad. Ni que hablar cuando esa comunidad incluye a conglomerados de expertos, empresas tecnológicas y medios de comunicación corporativos y gobiernos.

Volviendo a la hipocresía verde europea, la prostitución de la taxonomía creada y consensuada por la misma elite que ahora se da vuelta como una media, es un ejemplo más que contundente de que al poder nunca hay que creerle nada. En marzo de 2022 (¡marzo de este año, hace 15 minutos!) la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la UE sostenía que la taxonomía verde era la piedra angular de las iniciativas lanzadas como parte del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Tres meses más tarde las finanzas sostenibles irán a parar a las energías fósiles. Lo que era “fake news” se volvió LA VERDAD, sólo porque lo ordenó el poder.

Tenían razón nuestras abuelas: El pensamiento crítico salva vidas, y siempre se debe desconfiar de los criterios de verdad oficiales, como el que nos quiere proteger de las “fake news”. Es en defensa propia.