Por Manuel Alvarado Ledesma
Fuente: Infobae
6 de diciembre de 2023

Las ideas del presidente electo no parecen ser precisamente opuestas a las de la Iglesia. Pese a sus arrebatos, no deja de reconocer el papel de la Iglesia en su condición de despertador de conciencias en el campo del bien común

Javier Milei sigue a rajatabla la Escuela Austríaca de Economía, merced a la lectura, entre otros, de Ludwig von MisesFiedrich von Hayek y Murray Rothbard. Sus antecedentes se remontan a la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, con el sacerdote dominico Francisco de Vitoria a la cabeza y otros clérigos católicos, firmes defensores de la propiedad privada y del mercado.

En la mirada de los austríacos, la ciencia económica proviene de la lógica filosófica donde el derecho a la propiedad privada es central. Rothbard, por ejemplo, dice que “cuando los derechos de propiedad privada están en vigor y un hombre puede poseer cosas como propias, la felicidad de todos los hombres se maximiza”. La pregunta, en tal caso, es si la Iglesia opina distinto.

La Doctrina Social de la Iglesia no su ubica, precisamente, en una posición opuesta a los austríacos. Al reconocer la función social de cualquier forma de posesión privada, en clara referencia a las exigencias imprescindibles del bien común, no releva tal derecho a un nivel de menor jerarquía. Es cierto que lo considera un derecho secundario, pero ello no significa quitarle importancia. El propio Alberdi, muchas años antes, en la Constitución decía “La propiedad es inviolable, ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

En la mirada de los austríacos, la ciencia económica proviene de la lógica filosófica donde el derecho a la propiedad privada es central.

Sin apartarse de sus predecesores, el Pontífice Juan XXIII afirma: “La razón de ser de la función social de la propiedad privada no ha desaparecido, como algunos tienden erróneamente a pensar; ya que brota de la naturaleza misma del derecho de propiedad”.

Cuando el Papa Francisco expresa que el derecho de propiedad es secundario solo sigue fielmente la Doctrina Social de la Iglesia. En su encíclica Fratelli tutti, no sólo reconoce su papel central, sino que, además, valora enfáticamente la actividad empresarial. Así, el Papa entiende que la protección de los derechos de propiedad asegura el bien común.

Bergoglio sigue las enseñanzas del Papa Juan Pablo II –a quien admira y con quien mantiene una estrecha relación– al reconocer el sistema de economía de libre empresa como el mejor y como el escenario adecuado para el ejercicio de la creatividad humana, el ingenio y el coraje. Por ello, argumenta que la primera función del empresario no es distribuir, sino “fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza”.

Vale preguntarse quién es Bergoglio, el jesuita que de joven asume muy altas responsabilidades organizativas en su congregación. Como discípulo del padre Ismael J. Quiles, es impulsor del diálogo intercultural e interreligioso y es admirador de Elpidio González, perteneciente a la orden franciscana. Juan Pablo lo nombra obispo, el primer obispo jesuita argentino incluyendo la época colonial, en 1992 y en 1998, arzobispo de Buenos Aires. En 2001, Juan Pablo II lo designa cardenal. Entonces, Juan Pablo es quien lo promueve a los más altos niveles. Bergoglio trae a la Argentina, desde Alemania, la imagen de la Virgen de los Desatanudos cuya devoción hecha raíces en el país.

El Papa Francisco
El Papa Francisco

Es verdad que la Escuela Austríaca minusvalora y hasta desprecia el concepto de justicia social, especialmente porque puede dar lugar a interpretaciones –como en realidad sucede en algunos sectores– próximas al colectivismo.

Ello es así, porque tiende a asociarlo a una cuestión de distribución. Hayek estima que las discusiones sobre la justicia social versan sobre la forma como se distribuye la riqueza y los medios de obtenerla. Y tiene razón al mantener una posición de extremo recelo al respecto, a consecuencia de los cruentos procesos totalitaristas del fascismo y el marxismo a lo largo de su vida.

Sin embargo, él expresa que la justicia debe basarse en “tres leyes fundamentales de la naturaleza: la libertad de contratación, la inviolabilidad de la propiedad y la obligación de indemnizar por el daño infligido a terceros”. Con esto último, puede interpretarse su carácter secundario, en cuanto que no es absoluto, como es sí el caso del derecho a la vida.

Hayek pasa parte de sus últimos años en la Universidad de Friburgo, y, al jubilarse en 1969, retorna a su Austria natal, a la Universidad de Salzburgo hasta su retiro en 1977. En 1992, el pensador Michael Novak hace pública la extensa conversación personal que Juan Pablo II y Hayek mantienen antes del fallecimiento de éste, de manera que existen signos inequívocos de la influencia que Hayek tuvo en la redacción de la Encíclica Centesimus annus.

En Derecho, Legislación y Libertad, Hayek escribe: “No existe razón alguna para que, en una sociedad libre, el gobierno deje de asegurar a todos la oportuna protección contra la miseria garantizándoles un mínimo de ingresos; o para que deje de fijar un nivel de ingresos por debajo del cual nadie debería caer”.

Hayek estima que las discusiones sobre la justicia social versan sobre la forma como se distribuye la riqueza y los medios de obtenerla

La visión social de Milei no parece ser precisamente opuesta a la Iglesia. Pese a sus arrebatos, no deja de reconocer el papel de la Iglesia en su condición de despertador de conciencias en el campo del bien común.

Frente al colectivismo, la antropología católica considera que, si bien el todo vale más que las partes, la persona humana no es solamente parte con relación a la sociedad, sino que tiene valor por sí misma porque no formamos «una sociedad de iguales, sino una comunidad de diversos, de únicos.

La cuestión social no pasa por arriba de la individualidad de cada ser humano. Las palabras del papa Juan XXIII brindan luz sobre este punto: “el bien común consiste principalmente en el reconocimiento efectivo de los derechos y deberes de la persona humana”.

El autor es economista y Consejero Académico de Libertad y Progreso