Sobre la justicia social – Fernando del Pino Calvo-Sotelo

La artificial controversia generada por la sobrerreacción del gobierno a unas palabras del presidente de Argentina ha opacado su mensaje de firme defensa de la libertad y desacomplejada crítica del socialismo, un soplo de aire fresco y un verdadero shock para nuestra inculta clase política.

Uno de los debates suscitados por el argentino ha girado alrededor de sus críticas a la justicia social. Algunos se han escandalizado, pero antes de criticarle o aplaudirle convendría definir qué es la justicia social, y aquí nos topamos con un serio obstáculo. En efecto, aunque el concepto clásico de justicia quedó definido por Ulpiano (y luego por Santo Tomás de Aquino) como «dar a cada uno lo que le corresponde», la justicia «social» nunca ha sido claramente definida, como censuraba Hayek. Por este motivo, sólo podemos analizarla por aproximación.

La justicia social como igualitarismo

La justicia social está muy relacionada con el igualitarismo, una ideología muy reciente. En efecto, la sociedad actual, dominada por la propaganda y la adulación de las masas consustanciales al sufragio universal, ha olvidado que la igualdad del hombre se circunscribe a su inalienable dignidad como ser humano y a la deseable igualdad de todos ante la ley. Toda igualdad que trascienda estos dos conceptos suele ir contra el orden natural de las cosas y ser injusta: prueba de ello es que debe ser impuesta por la fuerza.

En efecto, Dios no repartió sus talentos por igual, ni los atributos físicos, ni la salud, ni la inteligencia, ni la virtud, y los resultados diferentes que proceden de talentos diferentes sólo pueden ser calificados de justos. Es justo que el estudiante que dedique muchas horas al estudio saque mejor nota que uno que no lo hace, o que el estudiante inteligente y con mayor capacidad de concentración necesite menos horas que el que es menos dotado o adolece de atención dispersa. También resulta justo que el adulto trabajador y frugal obtenga unos resultados mejores que el zángano derrochador, o que el que arriesga su patrimonio para montar un negocio obtenga más recompensas económicas que el empleado, el directivo o el funcionario que valora la seguridad en el empleo y una jornada laboral corta.

También es justo que el Real Madrid haya ganado 14 (o 15) Copas de Europa y Novak Djokovic 24 Grand Slam, pero en el deporte, misteriosamente, nadie cuestiona la justicia del palmarés ni propone redistribuir los trofeos a otros equipos o jugadores, aunque la distribución de trofeos sea tan asimétrica como la de la riqueza (ley de Pareto).

Siendo un signo de los tiempos tener que explicar lo obvio, reitero que las diferencias en capacidades físicas, intelectuales o morales, y las diferentes circunstancias de cada uno, pertenecen al orden natural de las cosas. Pero es que, además, dichas diferencias son enriquecedoras, pues alientan a las personas «a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación»[1], es decir, al servicio a los demás.

Naturalmente, en ciertas ocasiones la diferencia de resultados proviene de condiciones apriorísticas contrarias a la justicia, como veremos más adelante.

La justicia social como redistribución de la riqueza

Una concreción del igualitarismo es la corrección de la desigualdad económica mediante la redistribución de la riqueza, que se equipara a la justicia social e incluso a la justicia distributiva. Aquí tropezamos con varios escollos. Primero, tachar de injusta la desigualdad económica es algo que dista mucho de ser evidente[2]. Segundo, redistribuir la riqueza significa la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado, lo que implica una vulneración de la libertad y de la propiedad privada mediante el uso de la violencia, o sea, lo que antaño se denominaba robo.

Resulta patente que en las democracias actuales la redistribución de la riqueza tiene poco que ver con una actitud benéfica o virtuosa del Estado y mucho con la compra de votos por parte de los políticos, que empujan a las masas a la codicia de los bienes ajenos y a la envidia «de la que tan hábilmente abusan los agitadores de la lucha social»[3]. En este sentido, conviene constatar que el Estado de Bienestar no se ocupa primordialmente de los pobres o indigentes, una minoría cuyos votos cuentan poco, sino de la población en su conjunto, cuyos votos sí cuentan.

Por último, la redistribución coercitiva por parte del Estado ―bajo un disfraz altruista que oculta un espurio afán de poder― vulnera también los esenciales principios de solidaridad y de subsidiariedad, pilares básicos de un orden social justo y bueno.

El principio de solidaridad

El principio de solidaridad hace referencia al vínculo que nos une a los demás. El hombre no puede aislarse y encerrarse en sí mismo, pues ha nacido para la unión y la ayuda mutua. Nadie es una isla en medio del océano: todos caminamos juntos por la incierta travesía de la vida, necesitándonos mutuamente.

Esta dependencia mutua permite desarrollar la virtud de la caridad y de la generosidad y tiene la maravillosa característica de ser bidireccional, pues beneficia tanto al ayudado como al que ayuda (en palabras de Cristo, «hay más dicha en dar que en recibir»[4]). Sin embargo, por su propia naturaleza, la solidaridad está unida al don de la libertad. De este modo, cuando a través de unos impuestos que no son precisamente voluntarios el Estado suplanta al individuo y lo sustituye por una masa burocrática que no actúa bajo el impulso de la virtud sino como parte de un engranaje ciego e impersonal, la solidaridad queda destruida.

La acción redistributiva del Estado también produce un efecto de expulsión o de crowding out de la acción caritativa del individuo, pues quien ha pagado un 65% de su renta en todo tipo de impuestos directos e indirectos (porcentaje medio que paga el trabajador español cada año[5]) sentirá que ya ha ayudado suficiente a los demás.

El principio de subsidiariedad

La redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado también vulnera el «gravísimo, inamovible e inmutable» principio de subsidiariedad[6], que establece que «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias». De ello se colige que no es legítimo que el Estado absorba y suplante al individuo o a la comunidad en aquellas actividades que éstos pueden llevar a cabo con su propio esfuerzo e industria.

Sin duda, toda sociedad civilizada tiene el deber de proteger a sus miembros más débiles (empezando por el nasciturus), pero el Estado no debe hacerlo con carácter universal (a todos los ciudadanos, lo necesiten o no), sino sólo a los más necesitados, y sólo con carácter suplente o subsidiario. Este matiz es crucial. Así, la actuación del Estado como ente protector debería reducirse a un papel limitado enfocado a aquellos a los que el individuo, la familia, la comunidad o la sociedad civil no alcancen a proteger con sus actos de solidaridad voluntaria.

Incluso cuando el Estado dota de una pensión a un individuo que podía haber ahorrado, vacía de contenido la virtud de la frugalidad, pero también de la generosidad y de la justicia, al obstaculizar que los hijos cuiden de sus padres mayores con reciprocidad: «Pan por pan, protección por protección, cuidado por cuidado, sacrificio por sacrificio»[7].

Desgraciadamente, la coartada de los servicios públicos ha permitido un crecimiento desorbitado y sin precedentes del tamaño del Estado. No debemos olvidar que lo que tomamos por normal dista mucho de serlo. En efecto, «la evidencia histórica indica que, desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XX, la tributación directa regular en el mundo occidental (a diferencia de una emergencia) se consideraba ilegal excepto para los pueblos sometidos, hasta el extremo de que en la antigua Atenas los impuestos eran considerados un rasgo típico de la tiranía»[8].

Solidaridad y subsidiariedad están interrelacionadas. La subsidiaridad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de individualismo egoísta que empobrecen a todos, comenzado por el propio sujeto, mientras que la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en ese asistencialismo tan dañino del Estado de Bienestar[9], generador de dependencias y servidumbres (que son su verdadero objetivo). Así, «al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos»[10]. Sin duda, la concentración de funciones y tareas en el Estado «es la gran tara de nuestro tiempo»[11].

Finalmente, dar por sentado que la distribución espontánea de la renta es, por defecto, un error, un mal y una injusticia que el Estado debe corregir, contiene un mensaje subliminal enormemente destructivo, esto es, que todo aquello que no nos satisface, todo deseo insatisfecho, es un derecho conculcado, una injusticia de la que otros son culpables. Culpar automáticamente de nuestros males a otros es una cómoda tentación que nos aleja de la verdad, y pretender que tenemos derechos que pasan por violar los de los demás nos conduce a la barbarie.

La justicia social como bien común

Ni el igualitarismo ni la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado parecen responder a la definición clásica de justicia. Sin embargo, existe una equivalencia que, con todas sus limitaciones ―pues cae también en la indefinición del concepto― propone relacionar la justicia social con el bien común, y ésta merece una opinión mucho más positiva.

El bien común no significa comunidad de bienes ni colectivismo, como equivocadamente se cree, sino el «conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección»[12]. Cada ser humano es «una obra a realizar»[13], «una lámpara creada por Dios para brillar y dar luz al mundo»[14], y las condiciones ambientales idóneas que le facilitan esa tarea de construcción de sí mismo se denominan bien común. En otras palabras, el bien común es el conjunto de principios, valores, instituciones, normas y estructuras que facilitan que cada individuo pueda realizarse plenamente y hacer florecer sus talentos, que no sólo le beneficiarán a él, sino también a los demás. Naturalmente, esto sólo podrá ocurrir si el individuo así lo elige libremente, es decir, si decide aceptar su papel en la Historia, minúsculo o enorme, pero siempre —y aquí reside la belleza de la individualidad— único e irrepetible.

Forma parte del bien común, en primer lugar, el respeto de los derechos y de la dignidad del ser humano partiendo del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No olvidemos que los derechos del ser humano son previos y están por encima de la existencia de cualquier Estado.

También es bien común la preservación de la paz, entendida no sólo como ausencia de guerra, sino como concordia entre los ciudadanos desde el respeto a las diferencias.

También forma parte del bien común la libertad en su sentido más amplio: libertad religiosa, libertad de opinión y de expresión, y libertad de mercado, puesto que el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades materiales de la sociedad[15]. En este sentido, como afirma el sacerdote y filósofo Martin Rhonheimer, un referente en ética económica, «la evidencia histórica es clara: durante los dos últimos siglos, la economía de libre mercado y la libertad de comercio han mejorado continuamente las condiciones de vida de todos los niveles sociales, siempre y en todas partes. Por el contrario, todo tipo de intervencionismo estatal, todo tipo de planificación económica y todo tipo de socialismo han deteriorado las condiciones de vida y el bienestar de todos los niveles sociales, siempre y en todas partes»[16].

Asimismo, forma parte del bien común la existencia y preservación de un marco jurídico estable y justo, de un Estado de Derecho sostenido sobre el imperio de la ley que obligue por igual a gobernantes y gobernados y que defienda el derecho natural a la propiedad privada, «que tiene un valor permanente»[17] y sin la cual no puede haber libertad ni progreso económico, no en balde los fenómenos de pobreza suelen estar ligados a los obstáculos a la misma[18].

La primera institución que conforma el bien común es la familia, formada por un padre y por una madre, en la que los hijos puedan crecer en un ambiente de amor, seguridad y estabilidad. Una sociedad que busque el bien común hará lo imposible por proteger a la familia. Un Estado que quiera dominar a sus súbditos hará lo posible por destruirla, pues se interpone entre él y el individuo.

El acceso a una educación independientemente de las condiciones económicas de la persona forma también parte integrante del bien común. Esto no implica que sea el Estado el que provea este servicio, realizado con mayor calidad y menor adoctrinamiento por el sector privado, sino que lo financie de modo subsidiario, es decir, sólo en aquellos casos en que la familia, la comunidad o la sociedad civil no alcancen a hacerlo. La educación tampoco debería ser un derecho independiente del resultado académico, sino dependiente del esfuerzo y del mérito. Obviamente, el bien común engloba también el acceso a unos servicios de salud básicos, de nuevo desde el respeto al principio de subsidiariedad.

Por último, debe subrayarse que el bien común también está conformado por una sociedad que fomente la virtud, la verdad, la responsabilidad, el compromiso y el sacrificio.

La ausencia del bien común genera pobreza material, pero también humana, pues tapona y obstaculiza el crecimiento y la fecundidad de la persona. Ésta no sólo tendrá dificultades para realizarse completamente, sino que no podrá comunicar sus talentos a los demás en el grado en que podría haberlo hecho de contar con un ambiente más propicio. El bien común, por tanto, es la tierra buena y la lluvia generosa que permiten que los individuos puedan florecer y dar el fruto que cada uno está llamado a dar, con sus diferentes características individuales, talentos y circunstancias.

Pobreza voluntaria e involuntaria

Si no se fomenta el bien común, se da una pobreza remediable y, por tanto, injusta. Pero existe también una pobreza irremediable que tiene que ver con la incertidumbre de la vida, con la falibilidad del ser humano y, sobre todo, con su naturaleza caída, pues la carencia de virtudes individuales convierte frecuentemente la pobreza en pobreza voluntaria.

«Manos perezosas generan pobreza; brazos diligentes, riqueza», escribió el sabio en el s. IV a. C[19]. Esta afirmación, hoy casi revolucionaria, habría sorprendido a pocos antes del advenimiento del igualitarismo en el s. XX. En efecto, la condición necesaria (pero no suficiente) de la prosperidad económica de los pueblos son las cualidades personales de sus miembros, esa constelación de virtudes al margen de las cuales «ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio; cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho»[20]. Estas virtudes conforman la cultura de una sociedad y determinan en gran medida su nivel de progreso económico, que varía de región en región y de país en país, con resultados fácilmente constatables.

Por consiguiente, la pobreza relativa no puede ser calificada por regla general de injusta en una sociedad que respeta el bien común. Quizá por ello, el filósofo Julián Marías ―uno de los observadores más lúcidos de la realidad española del s. XX― disociaba pobreza de injusticia: «La pobreza puede coexistir con un estado satisfactorio de justicia, mientras que su eliminación puede dejar intactas muchas injusticias o incluso producirlas». Marías tildaba la justicia social de «falacia» y describía con humor una sociedad igualitarista como «una granja avícola bien administrada»[21].

¿Qué es injusticia social?

Dado que el difuso concepto de justicia social se identifica con demasiada frecuencia con el igualitarismo o la redistribución coercitiva de la riqueza por parte del Estado, contrarios ambos al bien común, podemos redefinir la injusticia social a la luz de éste.

Es injusticia social el ataque a la familia mediante el divorcio exprés o la perversa ideología de género, el aborto y la eutanasia.

Es injusticia social la persecución de la libertad de opinión, de expresión y religiosa, en particular, del cristianismo.

Es injusticia social poner trabas al libre mercado y al libre comercio.

Es injusticia social que se incentive vivir sin trabajar fomentando la holgazanería mediante paguitas y subsidios con cuantías parecidas a las de un salario.

Es injusticia social tener que pagar un nivel de impuestos abusivo que socava el derecho a la propiedad privada y sólo sirve para mantener un Estado elefantiásico que ocupa parcelas propias del individuo, de la familia y de la sociedad civil, apoyado en un «oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad»[22].

Es injusticia social el grotesco número de regulaciones y normas liberticidas creadas por dicha burocracia, una verdadera dictadura legislativa que asfixia la actividad cotidiana de los ciudadanos y expone a éstos a todo tipo de sanciones injustas.

Es injusticia social que la tasa de desempleo medio en España desde 1978 hasta hoy haya sido del 17% (período que nuestra clase política denomina ridículamente el de mayor prosperidad de nuestra historia), y que hoy dos sueldos apenas puedan mantener una familia con dos hijos cuando una o dos generaciones atrás un sueldo bastaba para mantener una familia de cuatro hijos. La causa final está en el deterioro del bien común, el declive moral, el socialismo cultural y el Estado de Bienestar.

Es una injusticia social aberrante, en fin, que un gobierno se dedique constantemente a provocar la discordia y el enfrentamiento civil, a atizar el odio a quien piensa diferente y a dividir a la población para perpetuarse en el poder.

Podemos aspirar a una sociedad mejor.