Por Aldo Abram
Fuente: ámbito
Junio 2024

La recesión no juega a favor de bajar la inflación, sino en contra.

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Algunos consideran que la desaceleración de la inflación es consecuencia de la recesión, o que bajarla lleva a una caída del nivel de actividad. Sin embargo, en Argentina hemos tenido sobrados ejemplos de períodos en los que bajó la inflación y hubo un fuerte crecimiento, y también de otros que mezclaron una aceleración de los precios o hiperinflaciones con una fuerte caída del nivel de actividad. De hecho, esto último es lo que sucedió en los últimos meses de la anterior gestión. O sea, la realidad mata a los mitos.

El gobierno actual ha demostrado que la suba de precios tiene motivos monetarios. En la gestión de Alberto Fernández-Sergio Massa la emisión de pesos para financiar el exceso de gasto fue creciente e impulsó la destrucción del poder adquisitivo de la moneda local, especialmente durante las últimas elecciones. Como pasa en todos los países del mundo, los excesos de moneda no se reflejan en una suba inmediata de los precios de todos los bienes y servicios, sino que el proceso tiene rezagos (en las economías normales lleva entre 9 y 18 meses; en Argentina bastante menos).

En primera instancia, el alza abarca a un subconjunto más grande de precios, lo que explica el fogonazo del 25% de inflación de diciembre de 2023. Pero luego son cada vez menos los precios que quedan por ajustarse y, por ello, la desaceleración.

Al principio de la actual gestión nadie proyectó que la baja en la variación de los precios minoristas iba a ser tan rápida, y eso se debió a que nadie creyó que fueran a dejar de producir pesos en cuanto asumieran. Cómo el gobierno cumplió con este compromiso, dejó de generar una nueva pérdida en el poder adquisitivo de la moneda local y, por lo tanto, también dejó de gestar inflación a futuro.

Por otro lado, la recesión no juega a favor de bajar la inflación, sino en contra. Al bajar la demanda transaccional de pesos, obliga a los bancos centrales a hacer un ajuste monetario mayor. Además, alarga el período que lleva que la depreciación del peso alcance a todos los bienes y servicios; porque es más difícil vender. Este proceso es el equivalente a bajar el precio para colocar un producto en un país que no tiene inflación y está en recesión.

La decisión del gobierno de llevar adelante un ajuste fiscal que iguale los gastos totales con los ingresos del Estado para no requerir financiamiento del Banco Central (BCRA), llevó a un cambio en la composición de la demanda. Si se emite para financiar al gobierno se le está sacando poder adquisitivo a los que tienen pesos, que se empobrecerán, mientras que aumentará la capacidad de gasto del Estado. Lo peor es que quienes más pagan el impuesto inflacionario son los sectores de menores ingresos, que tienen una mayor proporción, sino todo, de su patrimonio en moneda local. Por supuesto, el gasto público aumenta de golpe y el empobrecimiento llega en los siguientes meses, dejando a todos peor que antes. O sea, a la gente, al sector privado y a los ahorristas en pesos, que son licuados y transfieren parte de sus ingresos al Estado, a los que viven de él y a los deudores en pesos.

La realidad es que la caída del nivel de actividad tiene otros motivos. Durante todo el segundo semestre de 2023 fue creciendo la percepción de que se venía una crisis. Para moderar el impacto negativo que esta última podría tener en el bienestar de sus familias, la gente ahorra en divisas; ya que los pesos se diluyen en ese tipo de situaciones. Eso significó reducir su consumo e inversión, y lo mismo hacen las empresas preocupadas por ese potencial escenario. Así, se desploma la demanda interna; lo que hace bajar la producción y las posibilidades de trabajo, gestando una recesión. Al principio, el anterior gobierno pudo compensar la merma de demanda privada con gasto en base a endeudamiento externo tomado por el Banco Central, pero, cuando se terminaron esos recursos, el nivel de actividad empezó a derrumbarse en el segundo semestre.

Para que se recupere la economía es necesario modificar dichas expectativas. Es decir, cambiar el rumbo de colisión, como pidió la mayoría del electorado el 19 de noviembre de 2023. Si bien el Poder Ejecutivo tiene algunos instrumentos para hacerlo, los sistemas económicos y políticos se fijan por leyes, y se deben modificar sancionando otras normas similares dentro del Congreso. Lamentablemente, la mayoría de nuestros legisladores se ha mostrado reticente a dar un golpe de timón para evitar el iceberg y poner proa a ser un país normal. De hecho, es el primer gobierno democrático al que no le aprueban ninguna ley en sus primeros seis meses de gestión. Más claro, echarle agua.

Si nuestros parlamentarios no cambian su actitud, ¿por qué la gente cambiará su decisión de ahorrar por temor? Necesitamos que aprueben las normas necesarias para que baje la incertidumbre y aquellos que tienen aún capacidad de invertir o consumir empiecen a hacerlo. Esperemos que en la Cámara de Diputados cumplan con su responsabilidad hacia los argentinos e insistan con la versión original mandada al Senado; ya que hay que recuperar la confianza en que Argentina puede ser un país normal. Necesitamos una recuperación fuerte de la economía que permita sacar a la gente de la pobreza, el desempleo, la informalidad, el asistencialismo político servil y darle un trabajo digno a aquellos que tienen un seguro de desocupación disfrazado como un puesto público, que gestaron décadas de políticas absurdas.

*Director de la Fundación “Libertad y Progreso” y Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton Argentina.