Por Osvaldo Schenone
Para Instituto Acton de Argentina

El reciente anuncio que se permitirán las importaciones, sin pagar arancel aduanero, de productos para uso personal por valor no superior a US$ 3.000 ha despertado amargas quejas de los productores nacionales de productos similares.

No es una sorpresa que protesten quienes pierden una protección contra la competencia. Todo empresario siempre proclama que “la competencia es buena… que compitan los demás”. Lo novedosa es la excusa utilizada en el caso actual.

Agotadas las viejas excusas de “defender la producción nacional”, “la industria naciente” y/o “defender el empleo nacional”, porque ya nadie las cree, ahora apelan al argumento que en Argentina las empresas están asfixiadas, sumidas en una maraña de abusivos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta carga impositiva es lo que les impide competir con los proveedores extranjeros.

Es verdad que los impuestos abusivos, además de una vetusta legislación laboral, infraestructura vial y ferroviaria inadecuada, falta de seguridad jurídica, etc. (el eufemismo “costo argentino”) son verdaderos obstáculos para las empresas argentinas. No se puede negar la existencia de este problema. Existe y es de una gravedad mayúscula.

Pero lo que hace la protección aduanera no es resolverlo. Lo que hace es trasladarlo a los consumidores. Y eso es lo que piden los productores nacionales: que siga la protección y el traslado del problema a los consumidores.

Se trata del viejo vicio de pasarle el problema a otro, aunque sea un problema propio. Y así el problema no se resuelve, sino que se traslada hacia quienes tienen menor capacidad de protestar, hacer lobby, sobornar, o reclutar apoyo sindical.

El mismo Estado, comprendiendo que quienes reciben el problema tienen limitada capacidad de reclamar, se beneficia del traslado del problema y continúa, sin enfrentar quejas, con la abusiva carga impositiva como si el problema no existiera.

La modesta apertura de las importaciones aludida en esta nota pone el problema a cargo de quien debe resolverlo. Aunque sea más fácil trasladarlo y convertirse, así, en cómplices del Estado para expoliar a los consumidores. Son las empresas las que pueden usar su poder de lobby para reclamar la reducción de la carga impositiva. Al fin y al cabo, se trata de su problema para poder competir.