Por Hana Fischer
Fuente: Cato
28 de enero de 2025

Un refrán popular expresa que “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Es una afirmación que tiene sus bemoles porque no siempre es así. Sin embargo, en el caso de la degeneración paulatina de una democracia esa sentencia calza a la perfección con la realidad. ¿Por qué? Porque son los propios ciudadanos los que han de velar por la calidad de sus instituciones y reaccionar con vehemencia cuando alguno de sus gobernantes intenta avasallarlas.

Thomas Jefferson acuñó una sentencia muy sabia: “El precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Los gobernados que en mayor medida tienen en cuenta esa verdad, son los responsables directos de la alta calidad democrática liberal y republicana que distingue a sus naciones. Y lo mismo se cumple en sentido inverso.

Hemos observado en acción en diferentes partes del mundo occidental el mecanismo mediante el cual los propios ciudadanos son los responsables directos del suicidio de la democracia liberal (porque las hay de otros tipos que son su perversión) de su país. El proceso comienza cuando los habitantes, en su inmensa mayoría, no les dan importancia a los abusos de poder o usurpación de las instituciones de contrapeso (poder judicial, fiscalía, prensa libre, libertad de expresión), por parte de sus gobernantes, si es que la economía marcha bien. En rigor, es un problema ético, que deriva de otorgarle mayor relevancia a su circunstancial bienestar económico sobre los sanos principios republicanos. Esa debilidad moral no es inocua sino que acarrea nefastas consecuencias para la nación. El problema es que cuando se manifiestan en toda su extensión y las sufren en carne propia Juan Pueblo, suele ser tarde y muy difícil de revertirlas.

Entre los varios ejemplos paradigmáticos que se pueden nombrar está Venezuela de la mano de Hugo Chávez. Lo que sucede actualmente en esa nación hermana no es fruto de un cataclismo natural, sino el resultado de que mucha gente por largo tiempo priorizó el bienestar económico y ser adulados por Chávez, antes que defender la calidad de las instituciones y su libertad individual. Desde ese punto de vista Chávez fue muy sincero porque en 1999, a poco de asumir su primera presidencia, recriminó a quienes describían a la forma de gobierno en Cuba como una “falsa democracia”, para de inmediato afirmar que, bajo su conducción, “Venezuela va hacia el mismo mar hacia dónde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verdadera justicia social, de paz”.

Otro caso es el de Argentina gobernada por Néstor y Cristina Kirchner. Al asumir Néstor la presidencia, su reputación como gobernador de la provincia de Santa Cruz le antecedida. Desde ese puesto de modo meticuloso fue neutralizando todas las instituciones de contralor de su poder. Dentro de ese marco, una de sus acciones más desvergonzadas que deberían haber prendido todas las alarmas para impedir su investidura como presidente de la nación, fue cuando hizo “desaparecer” el dinero que recibió como gobernador entre 1992 y 2002 correspondiente a las regalías petroleras de su provincia mal liquidadas. Néstor depositó esa plata en el exterior, pero durante una década el destino de esos recursos no quedó documentado ni fue controlado por ningún organismo provincial. Según la información aportada por La Nación, de ese capital cercano a los US$1100 millones apenas quedaron US$ 9295,23 en las arcas provinciales.

Esta es una dinámica que se repite en otras provincias argentinas como por ejemplo Formosa con la gestión de Gildo Insfrán, gobernador de esa provincia en forma continuada desde 1995.

No obstante, a la mayoría de los argentinos ese “detalle” no les importó porque gracias al precio descomunal que alcanzaron entre 2002-2013 (período que coincidió con el gobierno de los Kirchner) los commodities impulsados por la demanda en China, en Argentina “parecía” que las cosas marchaban bien. La mayoría de la gente estaba encantada con Néstor porque había solucionado la crisis económica y tenían plata en sus bolsillos. No les interesaba que estuviera persiguiendo a la prensa independiente o cooptando a los miembros del poder judicial.

El resultado de los gobiernos kirchneristas, en los cuales incluimos cuando Cristina fue vicepresidente de la república (2019-2023), fue que ese barco también tenía su proa dirigida al “mar de la felicidad cubano”. Sin embargo, los argentinos tuvieron la suerte de que su democracia, aunque muy imperfecta, todavía funcionaba y por eso hubo en 2023 elecciones libres donde el gobierno cambió de signo y de rumbo.

Por su parte, España bajo la conducción de Pedro Sánchez es un caso que hay que tener en la mira porque exhibe preocupantes indicios de que está impulsando una degradación de la democracia liberal. También allí parecería que muchos españoles le otorgan primacía a la relativa bonanza económica por la que están pasando, que preocuparse por “detalles” como el ataque a la prensa independiente, al poder judicial, a la libertad de expresión en sus diversas modalidades (redes sociales incluidas) o que Sánchez posea “su” fiscal general, que nominalmente debería ser “del Estado”.

La deriva autoritaria por la que se está deslizando España es percibida por observadores extranjeros independientes. Por ejemplo, The Economist expone que las decisiones de Sánchez están “costando la calidad de la democracia e instituciones españolas”. Expresa que “Se aferra al poder a costa de la democracia”. Algunos analistas, entre ellos Antonio Timoner, consideran que el referido artículo sería un preaviso de una inminente pérdida del estatus de “democracia plena” en la próxima edición en 2025 del Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU).

Los tres casos presentados se encuentran en diferentes fases de su deterioro institucional: en Venezuela la democracia liberal ha muerto; en Argentina está en sala de observación; y en España está iniciando ese camino.

Lo dicho en este artículo pretende concientizar a los ciudadanos acerca de la importancia vital de proteger los principios y a las instituciones republicanas y sus contrapesos de los ataques de los gobernantes. Es de exclusiva responsabilidad de los ciudadanos estar vigilantes y defenderlas. Asimismo, tener en cuenta lo que alertaba Alexis de Tocqueville acerca de anteponer los principios ante cualquier otro factor, porque los liberticidas comienzan por alegar excusas que en principio parecen bienintencionadas, pero una vez rota esa barrera, van tomando cada vez más impulso las restricciones a las libertades más elementales.

Para aquellos a quienes la razón ética para actuar de ese modo no les convence porque la “economía está funcionado”, deberían tener en cuenta que en aquellos lugares donde se han destruido a las instituciones liberales (sean países o provincias), la pobreza y la desesperanza son las notas predominantes.