3 de marzo de 2018
por Jonathan A. García Nieves
Para Instituto Acton
 
El autodenominado Socialismo del Siglo XXI: régimen  autoritario instaurado por Hugo Chávez en 1999 y mantenido hasta ahora por la inefable diarquía de Maduro y Cabello, ha estado cometiendo -ante los ojos del mundo- un flagrante genocidio contra el pueblo venezolano.
La población opositora a dicho régimen, ha estado siendo víctima de asesinatos de Estado, perpetrados sistemáticamente desde aquel fatídico 11 de abril de 2002; día en que Hugo Chávez, el mismo Teniente-Coronel golpista de 1992 –esta vez como Presidente de la República- volvió a teñir el suelo de Venezuela con la sangre de sus hijos demócratas.
Aquel día Chávez sepultó para siempre su legitimidad de desempeño, al ordenar a los francotiradores de sus servicios de inteligencia y a sus infames grupos paramilitares («círculos bolivarianos»), abrir fuego contra la población civil que, pacíficamente, marchaba por las calles de Caracas, clamando libertad; esa libertad que -ya para ese entonces- sabíamos perdida para todo el pueblo venezolano, incluso para amplios sectores chavistas que tarde terminaron entendiéndolo.
Eran los albores del Socialismo del Siglo XXI: caótico sistema implantado mediante múltiples acciones y omisiones reñidas con los derechos políticos y las libertades económicas de los venezolanos; unas gravemente dolosas y otras inexcusablemente culposas; la inmensa mayoría contrarias al Bien Común; todas rendidoras de frutos que se resumen en la devastación total y absoluta de Venezuela: otrora país de gente feliz sin saberlo, con pujante economía, la democracia más estable de Latinoamérica; destino soñado y receptor generoso de inmigrantes de distintas latitudes y por distintas generaciones.
Ese abril de 2002 este régimen genocida instaurado por Hugo Chávez, se estrenó con precisión en su mortífera faena, asestando certeros disparos a la cabeza de 17 personas de entre las que iban en la marcha. Pero con el transcurso de los años, y a medida en que el cáncer de la tiranía fue haciendo metástasis en todo el aparato del Estado venezolano, sus crímenes de lesa humanidad fueron ampliándose, tanto en cantidad y sectorización de las víctimas, como en gravedad y variedad de los métodos empleados para su perpetración.
Los ataques armados contra la población opositora en cada uno de sus actos políticos y manifestaciones públicas, pasaron a hacerse comunes año tras año desde 2002; esparciendo dolor y muerte por todo el territorio nacional. Incluso en las colas para ejercer el derecho al sufragio en distintos procesos electorales, los colectivos narco-comunistas han atacado con armas a la población opositora, sin que los militares apostados para brindar seguridad en dichos procesos se inmutaren mínimamente.
La sistemática apología del delito y el discurso permanentemente agresivo del presidente de la República y sus ministros, transmitidos de manera obligatoria y cotidiana por todas las emisoras de radio y televisión de Venezuela a lo largo de estos 18 años de obscuridad; no podían menos que hacer mella en la psiquis del venezolano. Así, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el Socialismo del Siglo XXI ha incrementado en casi un 500 por ciento las muertes violentas en Venezuela. Las cifras que para 1998 (último año de Democracia) fueron de 4.550, pasaron a 5.968 en el primer año de gobierno de Hugo Chávez (1999); incrementándose cada año hasta llegar a 21.692 en su último año de gobierno (2012). Y con Maduro siguió esta nefasta tendencia, hasta alcanzar las 26.616 muertes violentas en 2017.
En medio de este escenario de violencia generado por el régimen, éste ha aprovechado para consumar el exterminio silencioso de centenares de personas cuyas muertes por arma de fuego, a manos de agentes del Estado y con móviles ajenos a la seguridad ciudadana, comenzaron a ser  camufladas dentro de la cifra negra de esa fosa común que el régimen denomina «ajuste de cuentas».
En febrero de 2014, las manifestaciones ciudadanas contra el régimen, una vez más fueron reprimidas con armas de fuego, empuñadas tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por el siniestro brazo armado del partido de gobierno (PSUV): los mismos grupos paramilitares antes conocidos como «círculos bolivarianos» y ahora como «colectivos socialistas». En esta oportunidad, la arremetida -que dejó un saldo de 43 víctimas fatales- fue abiertamente ordenada vía redes sociales, por un ex militar, alto personero del régimen, quien la denominó el «Ataque Fulminante».
En los siguientes dos años (2015 y 2016), el Gobierno de Maduro diseñó y ejecutó un pseudo-plan de seguridad ciudadana, denominado «Operaciones para la Liberación del Pueblo» (conocido por sus siglas OLP), que consistió en una sórdida cacería humana, ejecutada conjuntamente por cuerpos militares y policiales del régimen. Los efectivos participantes en estas operaciones -usando máscaras de calavera que infundían profundo temor en la población- se adentraron en el seno de las barriadas más desfavorecidas de las grandes ciudades de Venezuela; realizando una especie de ‘limpieza social’ en la que a centenares de personas de ‘presunta conducta antisocial’ se les aplicó  pena de muerte, y sin fórmula de juicio alguno; al margen de toda legalidad y de los Derechos Humanos. Resultado de la cacería: más de 900 personas asesinadas por el régimen en año y medio.
Durante cuatro largos meses de 2017, el pueblo demócrata de Venezuela, clamando por el fin de tanta penuria, volvió a las calles día tras día, realizando su más prolongada manifestación contra la dictadura. Y en esta oportunidad el mundo sería testigo de cómo estudiantes que sólo contaban con la protección de improvisados escudos de hojalata, madera o cartón; fueron acribillados con armas de fuego de alta potencia, a manos de efectivos militares, policías nacionales y colectivos narco-comunistas; en una macabra especie de juego de tiro al blanco, que segó la vida de otros 124 venezolanos opositores a la dictadura genocida.
En estos mismos sucesos, la abominable actuación de las fuerzas del régimen llegó al extremo de recurrir al arrollamiento intencional de grupos de manifestantes, a quienes se les pasó por encima con vehículos blindados de la Guardia Nacional; e incluso se llegó a la indebida utilización de bombas lacrimógenas como proyectiles: apuntándolas y disparándolas, de manera directa y a quemarropa, contra el cuerpo de los manifestantes; abultando con ello el número de víctimas fatales.
Hace apenas unos días, el 15 de enero de 2018, en quizás la más feroz de las matanzas imputables a la dupla necrófila de Maduro-Cabello; el Socialismo del Siglo XXI mostró nuevamente sus fauces genocidas, con un acto  abominable que perdurará por siempre en la memoria histórica del pueblo venezolano: la infausta «Masacre de El Junquito»: vil ejecución extrajudicial del ex agente policial Óscar Pérez y seis de sus hombres; quienes, declarados en desobediencia contra la dictadura, habían llegado a realizar algunas operaciones tácticas que –pese a ser incruentas- resultaron totalmente exitosas (la toma de recintos militares y policiales para recuperar las armas de la República, maniatando a los esbirros uniformados, y haciéndoles oír las palabras más profundas del sentir popular: “¿Hasta cuándo le dan la espalda al pueblo, para apoyar a este régimen de narcotraficantes?”). Lo que cual fue grabado en videos ampliamente difundidos a través del único medio de comunicación disponible por los venezolanos (las redes sociales); logrando ridiculizar a los servicios de seguridad e inteligencia del régimen, y constituyendo para éste una afrenta imperdonable, a ser cobrada con sangre.
Esta masacre del 15 de enero, en la que 7 personas pública y manifiestamente rendidas, con expresa voluntad de entrega ante el Ministerio Público, y apenas refugiadas en una modesta casa de familia; fueron sitiadas por un contingente de más de 300 hombres armados –entre policías nacionales y miembros del grupo paramilitar “Tres Raíces”- para luego ser acribilladas por brutal y desproporcionada metralla de armas de guerra, y un más que innecesario uso de cohetes anti-tanques; sin duda marca un hito en el prontuario criminal de lesa humanidad del Socialismo del Siglo XXI: su Animus Necandi (intención o ánimo de matar) quedó impúdicamente desnudo ante los ojos de Venezuela y el mundo.
Pero, muy lamentablemente, el genocidio no termina allí, y hace años que ya no se está limitando al redil de la población opositora. El genocidio sigue ocurriendo ahora y de manera generalizada contra toda la población, ya que en los últimos años miles de venezolanos han estado muriendo a causa del hambre y de la carencia de medicinas, generadas por las ineptas políticas económicas Chávez y Maduro; siendo que este último –como agravante- se niega a abrir las puertas al canal de ayuda humanitaria, exigido por los líderes de la oposición y ofrecido por instituciones internacionales. A lo cual se suma la  ejecución de una tácita política de Estado, tendente a generar y tolerar la inseguridad ciudadana como medio de control sociopolítico; política ésta cuyas cifras de ‘efectividad’ anual van aproximándose, cada vez más rápidamente, a los 30.000 homicidios por causas violentas.
En las penumbras del miedo y sobre las ruinas de Venezuela impera este Gobierno bizarro, para el que el Bien Común es contrario a sus propósitos; este GOBIERNO DEL MAL que encuentra deleite en el odio y en la injusticia, en la mentira y en la manipulación; y que ve en la pobreza material y la mella espiritual de su pueblo, el hábitat propicio para la perpetuidad de su nefasto proyecto político.
Hoy desde mi fe, ruego a Jesucristo, Señor de la Historia, por la pronta restauración de mi amada patria, por el respeto a los derechos humanos de mi noble pueblo; y también porque las palabras de Juan Pablo II sean luz para las mentes y los corazones, tanto de nuestros victimarios como de aquellos que están  llamados a hacernos justicia en el plano temporal:
Los conatos de genocidio son «delitos contra Dios y contra la misma humanidad, y los autores de estos crímenes deben responder ante la justicia» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1999).
Hoy resultan luminosas las enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia Católica, acerca de cómo ha de ser la respuesta de la Comunidad Internacional ante éste y cualquier otro caso de genocidio:
“La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada, o cuyos derechos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto partes de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, ’es legitimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor’. El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 506).
Vaya a mi amado pueblo venezolano una palabra de esperanza. Nuestra libertad llegará con el esfuerzo de todos; el mal puede que nos haya ganado varias batallas, pero nunca nos ganará la guerra, porque éste nunca prevalecerá sobre Bien. Mantengamos nuestra lucha, cada uno en su ámbito de acción y conforme a sus posibilidades; y confiemos en Nuestro Dios que –sin lugar a dudas- hoy nos mira con el mismo amor que al pueblo de Israel en sus tiempos de aflicción en Egipto:
«Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo (…), y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de sus sufrimientos.» (Ex. 3:9).
 
Jonathan A. García Nieves.
Ciudadano venezolano
 
Madrid, 2018