Por Edgardo Zablotsky
Fuente: Infobae

Si preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo su respuesta sería obvia

El pasado miércoles 14, Cristina Kirchner hizo público, a través de sus redes sociales, un extenso documento de 33 páginas, al cual denominó: “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”.

Como señala una nota de Infobae, las propuestas del mismo en economía, salud, seguridad y educación podrían entenderse como una plataforma electoral. Centremos nuestra atención en la última de ellas: “También creemos que levantar la escuela pública de la que somos hijos significa pensar cuál es la razón entonces por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días”.

Por supuesto, tiene razón, nadie puede dudar que “los sectores medios y medios bajos” deben hacer un gran esfuerzo económico para enviar sus hijos a escuelas de gestión privada. Al respecto, señalaba, por ejemplo, Steve Jobs: “Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, para muchos padres, a la educación de gestión pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos.

Es posible encontrar, a lo largo de los tiempos, múltiples opiniones coincidentes con esta apreciación. Por ejemplo, Frédéric Bastiat señalaba en 1849 en su ensayo ¿Qué es el dinero? que “la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación”.

Nadie puede estar peor por tener la libertad de elegir. Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.

El permitir a los padres nuevas opciones no significa estar contra el fortalecimiento de la educación pública. Simplemente consiste en habilitar un abanico de posibilidades aún para aquellas familias pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad.

Es claro que Cristina Kirchner consideraría esta propuesta absolutamente inadecuada, pero sería interesante realizar una encuesta, por ejemplo, entre los miembros del Congreso de la Nación respecto a dónde cursan, o han cursado, la educación obligatoria sus hijos. Probablemente descubramos que muchos de ellos eligen educar a sus hijos en escuelas privadas mientras se oponen, mediante emocionales discursos, a otorgar un derecho similar al resto de sus compatriotas.

Es claro que la libertad educativa no solucionará por sí sola la grave crisis que hoy enfrenta nuestra educación y de la cual los niños de las familias más desfavorecidas económicamente son las principales víctimas, pero, frente a la oprobiosa realidad que nos toca vivir, sin un sistema que privilegie el ejercicio responsable de la libertad por parte de los padres de familia es imposible siquiera comenzar a intentarlo.