Por Edgardo Zablotsky
Fuente: Perfil
28 de octubre de 2024

La educación en Argentina enfrenta un desafío mayúsculo: un sistema que, lejos de ofrecer igualdad de oportunidades, hoy refuerza las desigualdades existentes. La brecha entre la calidad de las escuelas es amplia, y los sectores más vulnerables quedan atrapados en un ciclo de pocas oportunidades. En este contexto, la implementación de la libertad educativa, que permitiría a las familias elegir la mejor opción para sus hijos, no es sólo una propuesta de mejora educativa, sino un imperativo moral que busca garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes del país.

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La libertad educativa se basa en un principio sencillo: permitir que las familias elijan la escuela que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus hijos y a los valores familiares, utilizando los fondos públicos destinados a la educación. Esta política podría ser una herramienta transformadora en Argentina. No se trata de privilegiar al sector privado ni de debilitar la educación pública. Se trata de brindar a todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico, la libertad de elegir la mejor opción para sus hijos. En lugar de perpetuar un sistema que profundiza la desigualdad, la libertad educativa ofrece una vía para democratizar la educación.

Es claro que, en Argentina la educación está organizada bajo un sistema federal, donde las provincias tienen la responsabilidad de administrar, financiar y gestionar el sistema educativo. Por ende, cualquier iniciativa en este sentido debería respetar las autonomías provinciales, mediante un gran acuerdo nacional que establezca un marco general que garantice la equidad en el acceso a una educación de calidad en todo el país.

Hoy en día, las familias con recursos pueden elegir la escuela a la cual enviar a sus hijos, mientras que las familias más pobres están atadas a las escuelas públicas de su zona, muchas veces con serias deficiencias. La libertad educativa buscaría eliminar esa barrera, permitiendo que todas las familias, sin importar su nivel de ingresos, accedan a la mejor educación disponible. Para lograrlo, es fundamental que cada provincia financie a cada estudiante con un monto equivalente al que gastaría en una institución pública, permitiendo que esos fondos se utilicen en la escuela de su elección, ya sea pública o privada.

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Una pieza fundamental de esta política es que las escuelas privadas deberían tener la libertad de definir sus propios planes de estudio, sin estar sujetas a los rígidos lineamientos oficiales. Este aspecto es crucial para el pleno funcionamiento de la libertad educativa, ya que no tendría sentido ofrecer la libertad de elección a las familias si las instituciones a las que podrían optar no tuvieran, a su vez, la libertad de innovar y diferenciarse. La diversidad de enfoques educativos es esencial para que las escuelas compitan por ofrecer la mejor propuesta formativa y respondan a las diversas necesidades de los estudiantes.

En lugar de un sistema centralizado, homogéneo y burocrático, la libertad educativa fomentaría la creación de un ecosistema educativo dinámico, donde la competencia promovería la mejora continua y la innovación pedagógica.

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Las escuelas, tanto públicas como privadas, tendrían el incentivo de ofrecer mejores servicios para atraer y retener a los estudiantes. No se trata de abandonar a las escuelas públicas, sino de fortalecerlas a través de la competencia, dándoles la autonomía necesaria para mejorar su desempeño y responder a las necesidades de su comunidad. Aquellas escuelas que no logren mejorar sus estándares se verán obligadas a hacerlo o a enfrentar una reducción de su matrícula, mientras que las escuelas que respondan de manera efectiva a las demandas de las familias prosperarán.

Esta propuesta no sólo está respaldada por razones prácticas, sino también por principios éticos. Las familias conocen mejor que nadie las necesidades de sus hijos, y es injusto que el Estado limite su capacidad de decidir sobre algo tan fundamental como la educación. La educación es el camino hacia el progreso económico y social, y negarles a las familias la posibilidad de elegir es perpetuar un sistema elitista.

La libertad educativa democratizaría la educación en la Argentina, brindando mayores oportunidades a quienes menos tienen. En un país que aspira a ser más justo e inclusivo, la libertad educativa no es solo una opción: es una necesidad para garantizar que la educación de excelencia no siga siendo un privilegio de unos pocos, sino un derecho real para todos.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de UCEMA. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton Argentina.