Por Gustavo Irrazábal

Publicado en Revista Criterio 2479 (2021) 12-13 

23 de junio de 2021

 

¿Existe una “grieta” en el país?

La imagen de la grieta, como caracterización de la vida política de nuestro país, surgió como invención periodística, pero alcanzó de inmediato una amplia popularidad, al punto de ser asumida como categoría habitual de análisis sin reparar en sus límites, en especial, la idea implícita de una simetría o equivalencia entre los dos sectores enfrentados.

Es cierto que, desde un punto de vista meramente descriptivo y cuantitativo, existe una simetría innegable. El electorado se divide grosso modo en dos “núcleos duros” de un tercio cada uno, que apoyan de modo incondicional al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio respectivamente, mientras que otro tercio fluctúa entre uno y otro lado, motivado más por la coyuntura que por la ideología.

Pero lo que es preciso preguntarse es si también se verifica una simetría clara cuando se asume un punto de vista cualitativo, entendiendo este término en sentido ético. La introducción del término “ética” en esta reflexión exige dos aclaraciones. En primer lugar, no se trata de adentrarse en el ámbito subjetivo de las buenas o malas intenciones, lo cual constituye una cuestión de conciencia, eminentemente personal, que está fuera de nuestro alcance y no admite generalizaciones. Más bien se refiere al terreno objetivo de los valores éticos que deben inspirar no sólo la actuación sino también al pensamiento político, si es que no se pretende reducir la política a un capítulo de la sociología o de la técnica.

En esta segunda perspectiva, se podría llamar con propiedad “grieta” al clivaje político de los ’70, entre una dictadura de derecha que buscaba perpetuarse en el poder y los movimientos subversivos que buscaban imponer una dictadura de izquierda. La simetría entre estos extremos era obvia, y su contraste con el orden moral, comparable. Pero hoy la situación es muy distinta, y la disparidad ética entre ambos sectores políticos salta a la vista.

En efecto, la vicepresidenta misma, como líder política e ideológica del actual gobierno, ha expresado públicamente su rechazo a las instituciones republicanas tachándolas de obsoletas. Cabe concluir que las mismas son simplemente –para ella y su espacio– un instrumento para acceder al poder y, desde allí, cambiar de raíz el sistema político. ¿De qué reforma se trata? Tampoco hacen de ello un misterio: aspiran a una democracia de tipo directo o plebiscitario. El nuevo sistema incluiría una redefinición de los derechos humanos, propósito que se refleja consistentemente en su política exterior: acercamiento a las autocracias de Rusia y China, tolerancia incondicional hacia las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, silencio ante la represión de las manifestaciones populares en Cuba, etc. En todo esto es difícil no ver reflejos de un proyecto ya ensayado –con éxito sólo parcial– en el plano interno y que hoy se busca revivir: la búsqueda de poder hegemónico y la política facciosa de derechos humanos. A eso se suma la colonización del Estado, con crecimiento exponencial del empleo público en favor de militantes y clientes; la instauración de un capitalismo de amigos; el desmantelamiento de los mecanismos de control; y la abierta presión sobre el sistema judicial en busca de impunidad para la cleptocracia que en el pasado benefició prodigiosamente al entonces matrimonio gobernante, sus funcionarios y empresarios cercanos. ¿Se puede afirmar que el gobierno de Juntos por el Cambio fue sólo la reproducción especular de estos vicios desde otro signo político? ¿Persigue Juntos por el Cambio desmantelar la república e instaurar algún tipo de autocracia de derecha? ¿Es posible encontrar en él estas mismas prácticas en dimensiones comparables?

Señalar este déficit ético de la coalición gobernante no equivale a cuestionar indiscriminadamente la integridad moral de los funcionarios de la actual gestión, ni tampoco la de sus electores (que votan movidos por muy variadas razones), ni tampoco excluir de la crítica a la otra parte en base a los mismos criterios. Tampoco comporta negar la posibilidad de diálogo. El Frente de Todos es una coalición variopinta: el peronismo no es lo mismo que el kirchnerismo, y en este último encontramos distintos grados de radicalización. Pero entre república y autocracia no existe un “terreno del medio” para la conciliación, por lo cual se equivocan quienes buscan superar la “grieta” equiparando forzadamente ambos sectores, distribuyendo de modo “equitativo” las críticas y pretendiendo adoptar un punto de vista “superior”.

En síntesis, la “grieta” entendida como la existencia de dos sectores antagónicos pero éticamente equivalentes no existe. Existe sí una profunda fractura ideológica, una de cuyas partes es enemiga de la idea de democracia y derechos humanos tal cual son entendidos en la tradición política republicana. No habrá acercamiento posible entre las partes sin tomar en serio la encrucijada ética, que tanto los promotores del buenismo voluntarista, como los partidarios de la neutralidad a toda costa, insisten (en vano) en soslayar.